Leyes para el desarrollo local

La necesidad de tener un conjunto de leyes que posibiliten el desarrollo del Departamento de Oruro, es un hecho que se reclama desde hace varias gestiones a nuestros parlamentarios para que realicen un trabajo de investigación y ubiquen en los escritorios de la burocrática administración pública varios de esos instrumentos que deberían regir el destino de nuestro retrasado distrito.

Sólo para recordar, son años que no se pueden actualizar dos leyes llamadas de incentivo a las inversiones industriales en Oruro, que se elaboraron en función a las necesidades de garantizar la instalación de nuevas factorías en nuestro medio. Las leyes fueron a parar a ciertos ministerios y su tratamiento se postergó de modo que no se cumplió la instancia de que sean consideradas en el seno parlamentario con el resultado negativo ya conocido. Esas industrias trasladaron sus proyectos a otras ciudades y entre esas a la más joven, la ciudad de El Alto donde se ingeniaron para lograr la aprobación de similares medidas a las que propuso Oruro y�?las industrias aumentaron en esa ciudad alteña.

Faltan instrumentos legales que faciliten el avance de los más importantes proyectos orureños, el caso del Puerto Seco, el Parque Industrial y una que ordene el avance acelerado de obras en un mínimo tramo de la carretera internacional Oruro- Pisiga para consolidar el corredor bioceánico.

A los reclamos que han formulado diversas instituciones locales, incluyendo las empresariales, laborales, cívicas, profesionales y otras de servicio, parece que los parlamentarios no tomaron en cuenta la importancia de muchas observaciones y el pedido clamoroso de generar leyes para el desarrollo orureño.

La autoridad comunal enfatizó la necesidad de contar con instrumentos legales que faciliten el desarrollo de proyectos de saneamiento básico como alcantarillado y agua potable, hay que hablar de energía eléctrica y acondicionamiento urbano en los barrios periurbanos.

En esa misma línea, resulta ponderable que como prioridades se consignen el embovedado del canal Tagarete, que costará 300 millones de bolivianos y cuyo financiamiento compartido debe garantizar un urgente instrumento legal. La implementación de una planta de tratamiento de basura, su financiamiento y su pronta ejecución dependen de una buena normativa legal, como la que también debería ser gestionada y aprobada definiendo las condiciones más apropiadas para la construcción del Mercado Central.

A este interés y necesidad pública para que nuestros parlamentarios cumplan una misión positiva a favor de su región, hay que añadir similar responsabilidad al ente deliberante municipal, donde también deben trabajarse "leyes locales" que motiven el tratamiento de normas nacionales y por partida doble se impulsen los proyectos de necesidad social que esperan todos los orureños, más allá de las simples tareas de maquillaje urbano o el gasto en proyectos innecesarios en una ciudad que debe cuidar sus pocos ingresos.

Es importante que se mantenga vigente una tarea de coordinación entre los parlamentarios, las autoridades y los representantes de entidades locales para exigir atención legislativa que garantice nuestro desarrollo sostenible.

Fuente: LA PATRIA