Miedo en los medios

Son varios días que este tema ocupa la atención de la comunidad en general y por supuesto es de profunda preocupación en quienes ejercen el periodismo y tienen que hacerlo a través de los medios de comunicación, en este tiempo justamente en que ciertas garantías contenidas en la Ley de Imprenta, pretenden vulnerarse en perjuicio del sagrado derecho de información, consagrado en nuestra Constitución Política del Estado (CPE).

El problema es que cierto tipo de información que tiene características políticas, si no es del agrado de los gobernantes, se la tipifica como material conspirativo y que por lo mismo está en contra de los planes oficiales, lo que no es evidente, pues la información que se genera en el ámbito estatal, es reflejada como corresponde para la información de ciudadanos de cualquier tendencia ideológica y política, mostrando el quehacer de las esferas superiores.

El asunto continuó y tiempo después por los antecedentes que se conocen, no hubo tal resultado, pero evidentemente la frecuencia en el manejo de este asunto colmó la paciencia de mucha gente del entorno político superior y comenzaron las advertencias primero y las amenazas después contra periodistas y medios de comunicación.

Declaraciones vertidas por un alto funcionario de gobierno, calificando a un conglomerado de periodistas y medios, como parte de un "cártel de la mentira", pasó a constituirse en una idea que quisiera convertir a periodistas y empresarios de medios en delincuentes, una situación que ha sido rechazada porque está muy lejos de una realidad que se vive en el país, en el que evidentemente hay "libertad de prensa", pero bajo condiciones especiales, que no condicen con los postulados plenamente reconocidos de la libertad de expresión, que comienza para todos los ciudadanos en general en el derecho al "libre pensamiento".

La situación se torna más delicada en la medida que más periodistas y medios son culpados por supuestos delitos de "desinformación", las advertencias recientes han alcanzado otros niveles y obligado a tomar ciertas medidas en función de la seguridad laboral, pero también de la que tiene que ver con la seguridad social, al punto que se han formulado reclamos ante organismos especiales que defienden los derechos humanos y las libertades ciudadanas.

Cómo una primera medida, la Asociación Nacional de la Prensa, ANP, que tiene como afiliados a los propietarios y directores de medios de comunicación escrita del país, ha denunciado de manera oficial ante la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Bolivia que las libertades de prensa y expresión son "lesionadas por un sistemático ataque" del Gobierno. El reclamo está contenido en una larga carta que explica las motivaciones que causan justificada preocupación en medios y periodistas.

Se espera que, en función a la carta de la ANP, el Alto Comisionado realice una "acción encaminada a proteger la libertad de expresión en Bolivia, con pleno respeto a los Derechos Humanos y principios democráticos". Los periodistas y los medios independientes, seguirán cumpliendo su deber y apostolado de informar correctamente a la comunidad, sin miedo en los medios.

Fuente: LA PATRIA