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Lunes 06 de junio de 2016

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Editorial y opiniones

El arbitraje y la crisis judicial

06 jun 2016

Raúl Pino-Ichazo T.

El afianzamiento del arbitraje es a todas luces muy auspicioso para dar sentido a su propia definición como medio alternativo para solucionar controversias. Todavía existen muchos que tienen sus reservas, algunas lógicas y justificadas sobre la efectividad del arbitraje, y solo se animaran a pactarlo cuando lo vean funcionar en la práctica, pese a que se ha avanzado mucho, este crecimiento no ha ido de la mano de una verdadera concienciación acerca de su eficacia, significado, y la mutación hacia un cambio profundo que permita desarraigar la cultura de litigar.

En nuestro país, frente al dato cierto del mayor desarrollo del arbitraje y registradas las razones por las cuales se produce, es necesario puntualizar diáfanamente que el arbitraje ha incrementado su presencia a expensas de la crisis judicial y ante ese reto puede ser, entre otras, una herramienta que contribuya a mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Concretamente el arbitraje no debe concebirse solamente como una respuesta inmediata a la actual ineficacia de la justicia ordinaria, sino como una alternativa válida cualquiera sea la situación que hipotéticamente atraviese el Poder Judicial.

Lo antedicho significa que el problema judicial, con su antigua data, con su gravedad y profundidad, no deja de ser una cuestión coyuntural, ya que el arbitraje como una solución de compromiso para esta situación de crisis. No trae consigo la desaparición del problema que afecta a toda una ciudadanía

Es una aspiración legítima que el arbitraje sea observado como una alternativa y formula dignas de ser consideradas al tiempo de elegir la manera de dirimir una controversia, con total abstracción de la situación del Poder Judicial, porque cualquier crisis judicial coyuntural o enraizada por muchos años no es conveniente para el arbitraje debido a que le crea problemas en lugar de soluciones y le añade desventajas en lugar de eliminar las que naturalmente tiene, pues ningún sistema es perfecto sino perfectible por voluntad y esfuerzo de los profesionales que lo practican.

Como habitantes de un núcleo poblacional y potenciales sujetos pasivos de la justicia como servicio a la comunidad, no podemos sino sentir desazón e inseguridad frente al estado de colapso que se encuentra el sistema. Es conscientemente valorable reconocer como abogados y operadores del servicio, y a su dependencia económica, que esta situación arrastra al descrédito, cuando la crítica echa la culpa a los abogados y mutatis mutando produce una degradación del ejercicio profesional.

La crisis del sistema judicial resulta, por lo expuesto, perjudicial para la eficaz aplicación y funcionamiento del arbitraje, debido a que el arbitraje requiere de una justicia eficiente y exenta de corrupción que le brinde el aparejo de fortaleza para suplir la falta de imperium et potestas de los árbitros o para avalar su legitimidad cuando es cuestionado. Lo ideal sería disponer de un Poder Judicial ágil y expeditivo y con una vocación incólume de equidad y aplicación firme de la ley sustantiva.

No es ajeno a los profesionales que ejercen el arbitraje que el avance del arbitraje en nuestro país es consecuencia de una necesidad de un total convencimiento, lo cual no es óptimo para un sistema cuya base es la autonomía de voluntad de las partes, la confianza y la buena fe.

Es esperanzador que se empiece a trabajar en el arbitraje aun sin una sólida base doctrinaria, sin menoscabar los esfuerzos aislados, que son varios y muy oportunos, y sin haber difundido convenientemente en la sociedad el verdadero sentido y sin que se produzca todavía un cambio de mentalidad entre los abogados, que es necesario para actuar en los tribunales arbitrales.

(*) Es Abogado Corporativo, postgrado en Arbitraje y Conciliación

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