La Justicia de Garzón

El día de ayer se llevaron a cabo marchas, tanto en La Cibeles de Madrid como en otras ciudades del mundo con la finalidad de manifestar apoyo hacia el magistrado español, Baltasar Garzón.

El juez reconocido por pedir el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte, e indagar sobre crímenes de la última dictadura militar argentina, ha sido acusado por tres causas de prevaricación ante el Tribunal Supremo de España.

Por su parte, 46 congresistas de la oposición chilena, a través de la firma de una declaración pública, han manifestado su respaldo hacia el juez Baltasar Garzón, ya que, tanto para éste como muchos otros países del mundo, el magistrado representa una de las principales figuras que ha custodiado el respeto a los Derechos Humanos.

Desde septiembre de 1973, y al igual que en la República Argentina a partir de 1976, se produjeron toda una serie de acontecimientos y actividades delictivas cometidas por los gobiernos más represivos de América Latina. Todo esto dirigido desde unas estructuras de poder sanguinarias, que tenían como fin los asesinatos, la desaparición, el secuestro y miles de torturas contra los grupos ideológicamente opuestos, políticamente más cercanos a las teorías marxistas, que al gobierno impuesto.

Todo esto, a través de la coordinación de la "Operación Cóndor", en la que intervinieron diferentes países, entre ellos Chile y Argentina, con el único fin de perseguir a los operadores de movimientos socialistas. Se declaraba la lucha contra la subversión, el terrorismo y el comunismo, que pretendía desmantelar las acciones de Allende y de organizaciones sociales, por medio del terror, paralizando a la sociedad y destruyendo toda autonomía. Se ultrajó la libertad de cátedra, prensa, organizaciones estudiantiles, así como los medios de comunicación, mediante la censura y propaganda del régimen militar.

En este sentido, Pinochet, Jefe de las Fuerzas Armadas y del Estado chileno, desarrolló actividades delictivas en coordinación con las autoridades militares de Argentina. Hoy en día es se le reconoce como uno de los responsables máximos de la de la creación de una organización internacional, que concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de secuestros, torturas, asesinatos y desaparición de numerosas personas, con la finalidad de alcanzar los objetivos políticos y económicos de la conspiración y de exterminar a la oposición política.

A comienzos de los 90 se descubrieron en Paraguay los documentos secretos de la policía política paraguaya. Esos documentos, llamados "los archivos del terror", revelaron el plan fraguado en los 70 por los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia) para acabar con los opositores a sus dictaduras, aquellos considerados “subversivos” izquierdistas, comunistas y marxistas.

El 11 de enero de 2000, el Reino Unido, dejaba marchar a Chile a Pinochet por no estar "en condiciones de ser juzgado". Con este acto, ante el pueblo chileno, se liberaban décadas de impunidad, abuso y sometimiento. Sin embargo, Garzón no cesó en sus declaraciones de culpar a Pinochet como coautor en delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante su dictadura, así como responsable del sistema de coordinación del Plan Cóndor.

Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006 sin ser condenado, pero en la mente del pueblo chileno todavía queda aquel respeto y solidaridad hacia el juez Garzón que dio frente y levantó un procedimiento, para que aquello que había ocurrido en los años de la dictadura no quedara bajo las sombras, y que quienes habían sido responsables de tales atrocidades fueran juzgados ante un tribunal.

Hoy el pueblo chileno reitera su apoyo y delibera un discurso hacia el respeto a la justicia, pues la trayectoria de Garzón en defensa del principio de jurisdicción universal para los delitos de genocidio, manifiestan por sí misma, la integridad profesional del magistrado. Asimismo, tanto Chile como Argentina, han expresado que, ni a partir de la Ley de Amnistía ni la llamada de la Memoria Histórica pueden ser fundamento para llevar a cabo un proceso por prevaricación como el que se plantea, ya que las acciones que se adjudican a Garzón no se sustentan en los anteriores.

Lo que nos incumbe como latinoamericanos es reconocer los esfuerzos de Garzón para no dejar archivados los casos de reclusión y aniquilamiento de quienes como él, manifestaron su oposición a un gobierno que monopolizaba la fuerza, no debemos permitir las diferencias ideológicas irrumpan la justicia, ni que ahora la ultraderecha se manifieste y obtenga una nueva victoria sobre aquellos defensores de los actos justos y las diligencias transparentes.

(*) Desde Guadalajara, Jalisco, México