Los derechos de Diego Ayo

Diego Ayo ha publicado un trabajo en el que escribe sobre el Fondo Indígena (Fondioc). Sus páginas tienen que ver con los indicios y hechos de corrupción en esa institución, cuyas evidencias han llevado a una investigación que ha dado como resultado hasta hoy la detención de varios funcionarios de diversa jerarquía que tuvieron responsabilidad en la administración de los recursos de proyectos destinados sobre todo al área rural del país, cuyo principales beneficiarios debieron ser los pueblos indígenas.

Lo que ha hecho Diego Ayo con el derecho inalienable a la libertad de expresión y de opinión, es una investigación que presenta como corolario un trabajo sobre ese escándalo. Lo respaldan los valores democráticos generales, la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta (que por cierto es explicita en la defensa de la libertad de expresión y opinión en folletos, libros y medios de prensa impresos). El trabajo del investigador es serio, está basado en fuentes comprobables y contiene información que permite sacar conclusiones que el propio autor pone a consideración de los lectores.

La primera premisa que debemos destacar es que Ayo se apoya en la mayor fortaleza de la democracia: la libertad. Pero hace además uso de esa libertad para interpelar al poder, interpelación imprescindible no planteada como un desafío gratuito o simple baladronada, sino como un elemento de juicio que permita al ciudadano contrastar información y conocer, como denuncia, la existencia de un conjunto de irregularidades que explican la comisión de delitos en una repartición gubernamental.

Cuando la autoridad liquidadora del Fondioc pretende imponer el retiro de la publicación alegando que contiene información distorsionada, incompleta o sesgada y, más aún, afirmando que la única información que se puede conocer sobre el tema es aquella que emana de sus oficinas, está vulnerando de manera flagrante los derechos y garantías constitucionales de las que goza Diego Ayo como ciudadano.

En ningún caso y por ninguna razón (que por supuesto no esté vinculada a cuestiones -probadas- que afecten a la seguridad nacional), funcionario de gobierno alguno puede limitar, prohibir, censurar y menos retirar de circulación una publicación que considere lesiva a su repartición, al Gobierno o al Estado en su conjunto. Asumamos como hipótesis que la información que presenta Ayo es falsa y que, en consecuencia sus conclusiones son equivocadas y perjudican o vulneran la honra y la credibilidad de personas e instituciones. Los afectados tienen el derecho de procesar al autor -sólo por la vía de la Ley de Imprenta- y demostrar tales aseveraciones por el camino referido, pero en ningún caso pueden imponer una censura que abriría un precedente inaceptable en una sociedad democrática.

El verdadero drama que este atropello representaría si se hace efectivo (el sólo hecho del pronunciamiento de la autoridad liquidadora es en sí mismo un atentado a la libertad de expresión), es la constatación de una escalada en el uso arbitrario y carente de la más mínima relación con el Estado de Derecho por parte del Gobierno para callar las voces críticas, referidas en este caso a temas relacionados con corrupción. Si nuestros derechos fundamentales son vulnerados de un modo tan evidente ¿cómo podemos afirmar que vivimos en una democracia plena? La legitimidad de un gobierno depende de premisas que deben cumplirse a rajatabla, no basta con la incuestionable legitimidad del voto, es imprescindible que quien gobierna ejerza su mandato apegado a la ley y su estricto cumplimiento, no torciéndola en función de sus conveniencias circunstanciales.