Sábado 04 de junio de 2016
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Imagínese, estimado lector, que el cajero de un banco detectara un billete falso entre los que usted está depositando. Acto seguido llegan los fiscales, lo detienen, le clausuran sus cuentas, le confiscan sus bienes, lo aprenden y lo meten a la cárcel bajo la acusación de falsario. Lo lógico sería investigar y apresar a quién falsificó el dinero, ¿no cree usted? Alguien dirá que eso no sucede en la vida real ? a menos que usted tenga algo que ver con el "zapatazo".
Siguiendo con el ejemplo, si cambiamos "billete" por "libreta de servicio militar" tenemos el kafkiano caso del (¿ex?) abogado Eduardo León, que ha despertado la indignación de la ciudadanía por el tipo de acusaciones y la manipulación, aún más vergonzosa, de "respetables instituciones del Estado" (es un decir) como la Fiscalía, la Justicia y la Policía. Considero que éstas son acciones desesperadas y nefastas de un régimen enfermo, que cuenta con la complicidad de otrora destacados miembros de universidades, de la prensa y del órgano judicial, que se verán condenados a cargar en el futuro con las consecuencias éticas y penales de esos actos.
En primer lugar, como en el caso del banco, presentar un billete o documento falso no quiere decir que uno lo haya falsificado o que no lo haya obtenido "en buena fe". La misma "buena fe" que ministros y asambleístas otorgan sin parpadear al Presidente del Estado por el reconocimiento ante el Registro Civil de un hijo que dizque nunca tuvo. Si estamos obligados a presumir que a don Evo "lo engañaron", ¿por qué no presumir, por las mismas razones, que a don Eduardo León lo engañaron unos farsantes con uniforme? Los que anotan "por comedidos" títulos en documentos oficiales bien podrían falsear otros datos. Sólo investigando se puede llegar a la verdad.
