Partiendo del hecho de que la Ley de Imprenta no es una norma que favorece sólo a los periodistas, sino a las personas, no se ve la necesidad de que sea cambiada, como pretenden algunas autoridades del Gobierno, imbuidas tal parece por un interés de limitar la libertad de expresión y como lógica consecuencia la libertad de prensa.
Los hechos recientes, inocultables y más bien agrandados por una serie de elementos colaterales, han hecho que algunas autoridades se pongan muy nerviosas y desaten su ira contra la prensa y los medios, queriendo presionar con el argumento de "cambiar la Ley de Imprenta", que dicen tiene muchos años. Pero quiérase o no esa vieja ley, es freno al libertinaje y por lo mismo es garantía ciudadana para ejercer derechos ciudadanos en democracia.
Evidentemente por su tiempo de vigencia y por el avance de la tecnología y la aparición de nuevos sistemas comunicativos, la Ley de Imprenta necesita una complementación en su texto, tiene que modernizarse y esa tarea tiene que ser exclusiva responsabilidad de los periodistas, de los actores cotidianos de una tarea que conlleva enormes responsabilidades, que no son precisamente las que interesan a quienes detentan poder y presión.
No es la primera vez que se lanza la amenaza de querer "cambiar la Ley de Imprenta", el argumento es parte de la política oficial cuando se le queman las papas y cuando las verdades rebasan mentiras ocultas y el descontrol hace presa de mucha gente comprometida en irregularidades, hechos que los periodistas no pueden dejar de informar, cumpliendo con el deber de darle a la ciudadanía la información correcta que le muestre la realidad en que vive.
Cuando hay discrepancias en los niveles superiores o al interior del Estado, salen las vedadas intensiones de afectar las normas que rigen al periodismo valiente y comprometido con la democracia, pero ese no es el momento propicio para entrar en ningún debate que busque incorporar en la "Ley" elementos político partidarios que favorezcan las condiciones de direccionalidad que quisieran tener en su mano los actores inconformes con la realidad y la verdad.
La Ley de Imprenta en actual vigencia puede ser perfectible, como cualquier otra, pero esa tarea sólo pueden efectuar los actores directos del tema, los periodistas, sus organizaciones reconocidas, recogiendo sugerencias y aplicando razones valederas de la experiencia diaria en la necesidad de mantener un instrumento de rigor que es defensa de la libertad de expresión, atributo general que no puede afectarse con ninguna fuerza política.
Hay algo importante que remarcar y es la revisión de los parágrafos III y IV del artículo 107 de la Constitución que establece: "El Estado garantiza a los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y la información. Esos derechos se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación, y su Ley".
Organizaciones nacionales del sector, como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) coinciden en señalar que pretender cambiar la Ley de Imprenta es un atentado a las libertades vigentes en un país democrático, donde la libertad de expresión es la base de todas las libertades, por lo mismo que se protegerá la Ley de Imprenta intransigentemente.
Fuente: LA PATRIA
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