Las autoridades de gobierno tienen el propósito de ocupar toda la administración pública, a tÃtulo de proceso de cambio, retirar a aquel que no está de acuerdo con su ideologÃa sectaria, desconociendo los aciertos del anterior Defensor del Pueblo, indicando que no ha cumplido el su rol para el cual fue elegido.
La historia boliviana nos indica que los derechos humanos no han sido respetados por los gobiernos feudales, republicanos, particularmente fueron afectados quienes luchaban por la independencia, solamente tenÃa valor e importancia la clase dominante blanca.
Los parlamentarios del oficialismo tenÃan temor de manifestar que están eligiendo a un profesional que comparte con el proceso de cambio, decÃan que están actuando con total imparcialidad, en forma democrática, la población sabe que el oficialismo tiene dos tercios y que puede elegir a la persona que bien les conviene, a sus intereses polÃtico partidarios.
Los discapacitados que se encuentran en el conflicto necesitan que intervenga la DefensorÃa, para hacer comprender sus demandas al Gobierno, además hay otros problemas como el despido de los trabajadores fabriles con el cierre de la fábrica de Enatex, detención de abogados sin derecho a la defensa, amenaza al ejercicio de la libertad del periodista. El Gobierno está envenenado de odio, rencor, amenaza, contra la gente que piensa distinto. El actual defensor tiene un gran reto de servicio al pueblo, o defender al poder polÃtico de turno. El nuevo Defensor del Pueblo tiene que ser totalmente imparcial y racional, con los intereses del pueblo, defender los derechos de los más desvalidos.
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