La corrupción de la justicia boliviana y la cumbre

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El Gobierno oficialmente ha anunciado la realización de precumbres regionales y una cumbre nacional, para encarar el mal funcionamiento del Poder Judicial, con la participación de sectores importantes como Los Tribunales de Justicia, los Colegios de Abogados, la universidad, los sectores sociales, entre estos, las asociaciones de víctimas de la desastrosa aplicación de la justicia, organizados para reclamar sus derechos, también las instituciones de la sociedad y ciudadanos que puedan presentar una propuesta sobre esta problemática. Constituye un proceso histórico, dada la gran importancia y la imperiosa necesidad de dar soluciones al comportamiento de la mala administración de las leyes, en perjuicio del pueblo boliviano.

A la fecha no existe una propuesta o una proyección, que dé lineamientos para afrontar este álgido y preocupante problema, los estamentos del Poder Judicial; el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de distrito, los colegios de abogados ni el Ejecutivo emiten criterios técnico-legales o posiciones sobre este particular. A saber en el Poder Legislativo tampoco existe un proyecto tendente a frenar esta situación tan lacerante, especialmente en el mundo litigante, perjudicado por la corrupción.

Si hacemos un breve diagnóstico, un somero análisis del comportamiento de este poder del Estado remontándonos a las últimas décadas de la vida nacional, los actos de corrupción han minado a todos los niveles del Poder Judicial, siendo la víctima el pueblo que clama justicia, cuando sufren agresiones de los delincuentes con actos de diverso índole: robos, crímenes, estafas, agresiones físicas, verbales y otros.

Para el ciudadano común recurrir a la justicia es toda una odisea, porque se enfrenta a una institución estatal, en los más de los casos ineficiente, indolente e ineficaz. En este entender de cosas, se admite la demanda, de ahí, para que avance el proceso se torna incierto, aducen que hay mucha carga procesal y en la insuficiencia de fiscales, no se cumple en lo mínimo los seis meses de término que tiene la Fiscalía y el proceso solamente en esta fase inicial radica de uno a tres o más años, muchos litigantes por esta retardación abandonan sus aspiraciones o su derecho legítimo de conseguir justicia.

Quienes avanzan con una velocidad pasmosa e increíble, son los ciudadanos privilegiados que cuentan con dinero para lubricar y agilizar la demanda. Al pasar el proceso a la instancia de jueces, la corrupción en la contienda judicial toma más cuerpo y se habla de sumas inimaginables, desde montos irrisorios hasta los más altos, es común la sentencia de que la "justicia en Bolivia es para los que tienen dinero", donde el pobre no puede acceder, siendo vulnerado postergado, olvidado, abandonado, en sus derechos constitucionales. ¿Hay democracia en la justicia?, no la hay, lo que hay es discriminación de los poderosos contra los pobres y quienes han fomentado, alimentado y creado esta situación tan denigrante al ser humano son los administradores y operadores de la justicia. Sin justicia no hay democracia, paz, ni libertad.

En este orden de cosas, veamos cómo se forma académicamente el profesional abogado, después de estudiar durante cinco años y haber vencido la currícula consistente en diferentes disciplinas concernientes a la carrera, se gradúa, recurriendo a una de las modalidades que facilita la universidad.

Una de ellas es pagando cierta suma de dinero. Antes el abogado tenía que titularse defendiendo una tesis ante la Corte Superior de Distrito, obteniendo la calificación profesional para ejercer la abogacía. ¿Qué se puede esperar de esta clase de titulados? Consecuencias, lo que está ocurriendo actualmente. Al egresar la universidad les da el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y el título de abogado y estos para ejercer se autotitulan de "doctores", parecen ignorar que los grados académicos que se otorgan en todas las universidades del mundo después del bachillerato es la Licenciatura, el Diplomado, la Maestría o Magister, el Doctorado y el grado académico más alto el PHD, que significa Philosofos Doctor, en una determinada disciplina de la ciencia. Esta clase de abogados, claro no todos, existen honrosas excepciones y como resultado de una incipiente formación en la parte ético-moral, salen con la mentalidad de enriquecerse a como dé lugar y a cualquier precio, olvidándose que su profesión es la más noble de la humanidad, defender el bien y la verdad, o castigar el mal y el delito.

Para este cometido, al interior de los tribunales de justicia, existen grupos organizados, compuestos por un abogado, un fiscal y un juez, donde hacen componendas, charlas o liquichadas, en términos abogadiles, para esquilmar al litigante de acuerdo a su condición social y más que toda económica, podríamos decir grupos delincuenciales, porque la incorrecta aplicación y la distorsión de las leyes son delito, prevaricato, tipificado en la misma norma, claro está amparados por los corruptos de los niveles superiores, ejemplo: hace días, en La Paz, un vocal fue sorprendido negociando un Amparo Constitucional, ni hablar de fiscales unos están en las cárceles y otros prófugos en el exterior, cual si fueran delincuentes comunes que recurren al fácil expediente de huir de la justicia.

Actualmente a saber, no existe una propuesta, o un anteproyecto sobre este particular, el Ministerio de Justicia no propone nada, solamente convoca, 105 Tribunales de Justicia, dicen estar trabajando en un conjunto de temas, los colegios de abogados manifiestan la exclusividad de ellos el reformar o modificar la justicia, la universidad a nivel académico no tiene ninguna propuesta y finalmente en el poder legislativo no se avizora nada.

En estos últimos tiempos, tampoco ha aflorado, ni descollado ningún preclaro jurista, como Pantaleón Dalence, que plantee lineamientos precisos, eficaces y eficientes con impacto social y actualice el funcionamiento de este poder estatal, de acuerdo a la nueva realidad nacional, con inclusión de los sectores marginados. Todos han dejado de pasar este estado de cosas desde tiempos inmemoriales. Se anda especulando que los tribunales de justicia están elaborando una agenda de temas, en los que se estaría priorizando la retardación y la corrupción de justicia, también que esta tarea es concerniente a abogados, jueces y fiscales remarcando "zapatero a tus zapatos", será que estos, que pertenecen a una escuela de corrupción, sean los salvadores de la justicia, sabiendo que entre ellos está gente que tiene muchos juicios pendientes, por delitos cometidos, ¿con qué moral estos pueden sugerir soluciones definitivas para que la justicia siga igual o peor? En resumen la sociedad ha perdido la confianza en la justicia así practicada, que daña y maltrata a toda la población boliviana.

¿Será que las precumbres y la cumbre, traten solamente una agenda de temas, que en el fondo resultan ser sólo una parte de todo un conjunto de complejos procedimientos de esta tarea de administrar la ley?

Ahora bien, cómo enfrentar este sombrío panorama y caótica situación de la justicia, si queremos un nuevo comportamiento al servicio del pueblo. Se debe efectuar una reforma estructural total, vale decir, atacar el problema a fondo y no superficialmente, tenemos la amarga experiencia en el proceso anterior de haber elegido jueces, medida que poco o nada de impacto tuvo en la práctica judicial. No tenemos derecho a equivocarnos dos veces.

Lo lógico sería empezar por la universidad donde se forman los abogados, reformar la currícula de la carrera, orientada a formar profesionales con sensibilidad social, con valores permanentes de servicio al pueblo, este sería un proceso a mediano plazo, el producto lo veríamos tangiblemente de acá a cinco años, tarea que debe emprender la universidad, primero mejorando la planta de catedráticos, actualmente existen catedráticos teóricos, que nunca hicieron la praxis jurídica en un bufete, llegando por su antigüedad, inclusive a ser decanos, segundo, la medida inmediata y urgente sería, que las universidades de todo el país creen y convoquen a un curso intensivo de Maestría en Derecho, por la premura, con una duración de 15 meses continuos a horario completo, con una currícula que priorice el reforzamiento de la parte ético - moral y la disciplina de administración de la justicia, para licenciados en abogacía en actual ejercicio, que aspiren o pretendan ingresar al servicio de la judicatura, con el requisito de haber ejercido la profesión durante cinco años, no tener antecedentes penales, ni juicios en proceso y no tener militancia política. Así, contaríamos con un personal académicamente calificado, preparados para el ejercicio de administradores de justicia. En esta parte por razones obvias se exceptuaría a fiscales y jueces actuales y aquellos que pasaron por estos cargos, para no contaminar este proceso de renovación total, porque pertenecen a la escuela actual, nefasta y anacrónica, donde se han pisoteado y conculcado derechos humanos de la ciudadanía. No es una discriminación, sino una selección por razones académicas de buen servicio. Así en un tiempo breve de un año y medio, contaríamos con una población de abogados, con un nivel académico de maestría y con una nueva mentalidad técnico legal y ético moral, de ver desde un ángulo correcto el problema judicial.

Este proceso continuaría con a la convocatoria para optar 105 cargos de fiscales y jueces, con el principal pre-requisito de haber realizado el curso intensivo de maestría, además de someterse a una compulsa de méritos y un examen de capacidad, de este personal de aprobados en este concurso, por puntaje obtenido se seleccionarían a los fiscales y jueces que ejerzan esta función con una nueva visión de servicio al pueblo.

Este proceso sería incompleto si no reforzamos con las siguientes medidas:

Dignificar a la nueva autoridad dándole potestad, jurisdicción, y competencia asignándole un sueldo del 100% más del que gana uno actualmente, esto para evitar que sea venal y caiga en acto de corrupción.

Otra medida importante y complementaria sería, endurecer las penas para jueces y fiscales que caigan en actos de corrupción, con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Inmediatamente se detecten indicios de culpabilidad de corrupción, suspenderlo y proceder a su detención preventiva en la cárcel pública. No se puede admitir bajo ninguna circunstancia que un juez o fiscal que administre la sagrada misión de impartir justicia, pueda hacer lo mismo que un delincuente común.

Y finalmente, las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, debe ser cada semestre para efectos de control permanente.

En esta parte los actuales jueces y fiscales, y los que pasaron por estos cargos, deben ser investigados y explicar sus fortunas mal habidas, si es que los hubiere y en su caso ser enviados a la cárcel, para sentar un precedente para las nuevas autoridades.

En la posibilidad de seguir estos lineamientos, de acá a un año y medio, ya contaríamos con nuevos administradores de justicia; probos, honestos, cabales y con una preparación académica en toda la extensión de la palabra.

Y para terminar, de adoptar o seguir este proceso como se lo plantea, este poder del estado automáticamente se convierte en independiente, los otros poderes sin injerencia ni contaminación de ninguna naturaleza, dando lugar al pleno ejercicio de la democracia.