Entendemos por justicia la interpretación y aplicación cabal, ecuánime, equitativa y justa de su majestad la Ley y su variedad de normativas, que regulan y rigen la vida ciudadana, en todo el quehacer humano en su cotidianidad. La no observancia rigurosa de las normas en este orden, constituye un atentado a la sociedad en su conjunto, en grado de delincuencia por la incorrecta aplicación de la ley.
Quienes avanzan con una velocidad pasmosa e increÃble, son los ciudadanos privilegiados que cuentan con dinero para lubricar y agilizar la demanda. Al pasar el proceso a la instancia de jueces, la corrupción en la contienda judicial toma más cuerpo y se habla de sumas inimaginables, desde montos irrisorios hasta los más altos, es común la sentencia de que la "justicia en Bolivia es para los que tienen dinero", donde el pobre no puede acceder, siendo vulnerado postergado, olvidado, abandonado, en sus derechos constitucionales. ¿Hay democracia en la justicia?, no la hay, lo que hay es discriminación de los poderosos contra los pobres y quienes han fomentado, alimentado y creado esta situación tan denigrante al ser humano son los administradores y operadores de la justicia. Sin justicia no hay democracia, paz, ni libertad.
¿Será que las precumbres y la cumbre, traten solamente una agenda de temas, que en el fondo resultan ser sólo una parte de todo un conjunto de complejos procedimientos de esta tarea de administrar la ley?
Ahora bien, cómo enfrentar este sombrÃo panorama y caótica situación de la justicia, si queremos un nuevo comportamiento al servicio del pueblo. Se debe efectuar una reforma estructural total, vale decir, atacar el problema a fondo y no superficialmente, tenemos la amarga experiencia en el proceso anterior de haber elegido jueces, medida que poco o nada de impacto tuvo en la práctica judicial. No tenemos derecho a equivocarnos dos veces.
Este proceso serÃa incompleto si no reforzamos con las siguientes medidas:
Dignificar a la nueva autoridad dándole potestad, jurisdicción, y competencia asignándole un sueldo del 100% más del que gana uno actualmente, esto para evitar que sea venal y caiga en acto de corrupción.
Otra medida importante y complementaria serÃa, endurecer las penas para jueces y fiscales que caigan en actos de corrupción, con 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Inmediatamente se detecten indicios de culpabilidad de corrupción, suspenderlo y proceder a su detención preventiva en la cárcel pública. No se puede admitir bajo ninguna circunstancia que un juez o fiscal que administre la sagrada misión de impartir justicia, pueda hacer lo mismo que un delincuente común.
Y finalmente, las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, debe ser cada semestre para efectos de control permanente.
En esta parte los actuales jueces y fiscales, y los que pasaron por estos cargos, deben ser investigados y explicar sus fortunas mal habidas, si es que los hubiere y en su caso ser enviados a la cárcel, para sentar un precedente para las nuevas autoridades.
Y para terminar, de adoptar o seguir este proceso como se lo plantea, este poder del estado automáticamente se convierte en independiente, los otros poderes sin injerencia ni contaminación de ninguna naturaleza, dando lugar al pleno ejercicio de la democracia.
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