Sábado 14 de mayo de 2016
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La institucionalidad de la República/Estado Plurinacional retrocede dÃa a dÃa y ello se expresa en diferentes datos: la multiplicación de burócratas en la administración pública, la mayorÃa de los cuales no ingresa por concurso de méritos; interinatos de más de un lustro en entidades fundamentales para el funcionamiento de un paÃs; el gasto descontrolado en propaganda polÃtica.
Entre los quiebres más lamentables está el acceso a la información pública. Bolivia es una de las tres naciones en el continente que no cuenta con una ley para garantizar el Derecho Constitucional a la Información. Está vigente el D.S. de Acceso a la Información aprobado hace 11 años, en junio de 2005, pero ni siquiera aquella norma es cumplida.
Paradójicamente, los llamados gobiernos neoliberales abrieron más la información pública a través de diferentes medidas. Por ejemplo, hace 22 años, la Ley de Participación Popular otorgaba la facultad a los Comités de Vigilancia para conocer los gastos en los municipios. La Ley del Diálogo creó el Mecanismo de Control Social, por el cual las organizaciones sociales conocÃan y podÃan dirigir los gastos de las prefecturas que recibÃan los recursos Hipic.
