Una serie de hechos generados en los últimos días han reproducido algunas imágenes no precisamente exitosas sobre acontecimientos nacionales, que más bien significan un deterioro en la perspectiva de captar la atención de los inversionistas extranjeros para impulsar proyectos de desarrollo, bajo ciertas condiciones de seguridad y garantías.
La intervención de comunarios en las instalaciones de la mina San Cristóbal en la jurisdicción de Potosí, fue calificada como un abierto atentado a la propiedad privada. El hecho ocasionó innumerables problemas y temores en niveles de la minería privada, donde se observa con cautela la difícil situación de las empresas inversionistas que han quedado desamparadas ante la arremetida de ciertos “movimientos sociales”.
En otro campo de actividad, la llegada de miles de “activistas en la defensa del medio ambiente” colocó a Bolivia en el primer lugar del interés mediático en todos los medios internacionales de prensa, con la expectativa de conocer los resultados de la Cumbre Mediática, que finalmente aprobó una condena al “capitalismo por daños ecológicos”.
El importante evento congregó a los más conocidos dirigentes de la corriente ecologista del mundo y permitió la visita de representantes de los gobiernos vecinos y amigos, entre estos el mandatario de Venezuela que asumió poses de dirección y hasta intentó arengar a las FF.AA. de la Nación, sin resultado positivo.
Una serie de accidentes de tránsito en la principal y estrecha carretera del sistema troncal, conmovió a la ciudadanía más muertos y heridos en la peligrosa vía que menos mal será ensanchada.
Aunque la Corte Nacional Electoral pretende solucionar lo que muchos políticos y analistas consideran como una metida de pata, el caso de dictar una instructiva en desconocimiento de disposiciones vigentes, sirvió también para alentar comentarios externos sobre la hegemonía que busca concretar el gobierno central, poniendo bajo su control todos los poderes del Estado.
La “persecución” orquestada en el Ministerio Público, para “corretear” a los políticos opositores al régimen se extiende a varios distritos y ocasiona la reacción de la ciudadanía en general que critica el modelo de presión contra los que piensan de manera diferente sobre las políticas de cambio. Los afectados recurren a organismos internacionales para defender sus derechos.
Finalmente parecería que está fuera de control el movimiento de grupos sociales que bajo denominativos como “sin techo” o “sin lotes” toman predios en varios distritos, afectan la propiedad privada, amenazan con medidas de fuerza para conseguir sus objetivos y promueven graves enfrentamientos.
Un conjunto de hechos colocan al país en un “sube y baja” de medidas y actitudes, de ofertas incumplidas y más planteamientos sociales que son la causa de un estado de tensión y permanente preocupación. Ya es tiempo que en los niveles de Gobierno se defina una agenda de trabajo menos política y más objetiva para reordenar la estructura nacional.
Fuente: LA PATRIA
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