Uno de los decretos emitidos por el Gobierno en ocasión del 1ro de Mayo, deja sin efecto el Decreto Supremo 1359 de septiembre del 2012 que prohibÃa la tenencia y uso de materiales explosivos que eran utilizados en las manifestaciones sociales. Al anularse la medida, la normativa en vigencia "garantiza los derechos a la asociación y libertad de expresión mediante manifestaciones públicas, asà como ejercer el derecho a organizarse en sindicatos de las y los trabajadores".
La dinamita es insustituible en ciertos trabajos de interior mina o cuando se trata de desmoronar cerros mineralizados en trabajos a cielo abierto, claro está que su manipuleo se encomienda a los mineros más experimentados, pues se trata de un peligroso explosivo que cuando no es debida y cuidadosamente utilizado causa estragos y muerte de personas. Accidentes fatales han ocurrido en mucha minas.
La ironÃa del destino y la respuesta a la medida oficial se dio en el mismo dÃa de su anulación, cuando celebrando el DÃa del Trabajador un minero manipuló un "cachorro" de dinamita, durante una marcha en Achacachi, con tan mala suerte que la onda expansiva le provocó serias lesiones causándole la muerte.
La medida gubernamental causó beneplácito sólo en el sector minero, pero ha sido cuestionada en otros niveles, especialmente representante de la colectividad, señalándose como una "incoherencia del Gobierno" de anular una prohibición y dar vÃa libre con otro decreto al uso de explosivos, un hecho que atenta contra la seguridad ciudadana, contra la salud auditiva de las personas que ponen en riesgo la vida de transeúntes que generalmente nada tienen que ver con las movilizaciones laborales pero además porque ese uso tiene efecto depredador del ornato público.
Lo que está en controversia en la medida del 1ro de Mayo, es que se utilice un argumento que nada tiene que ver con "la organización de sindicatos, la libre asociación y la libertad de expresión", atributos que confiere la CPE y que deben cumplirse no precisamente a dinamitazos, sino en respeto a los derechos ciudadanos que se manejan en democracia, con justicia y libertad.
Fuente: LA PATRIA
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