Villena indicó que causa sorpresa, indignación y amargura cómo el aparato represivo del Estado se ensañó durante más de tres semanas en contra de un puñado de 200 personas con discapacidad; primero, "intentando descalificar y mancillar la movilización con todo tipo de acusaciones que iban desde señalarlos como instrumentos de la derecha, hasta involucrarlos en afanes desestabilizadores y conspirativos", hasta "desplegar contra ellos una de las campañas de propaganda más intensiva y destructiva que se haya visto en los últimos años, pagada con recursos públicos".
Se ha tratado a esta movilización, dijo el Defensor, como se trata a un grupo de enemigos y no como a ciudadanas y ciudadanos con derechos. La autoridad dijo además que en esta movilización se están cometiendo abusos y excesos que violan los derechos a la libre expresión, al trabajo de la prensa y a la libertad de información, "y se lo hace de manera flagrante e impune, sin que ninguna autoridad del Ministerio Público considere cuando menos indagar estos delitos".
Villena explicó además que las acciones contra las personas con discapacidad vulneran el artÃculo 71 de la Constitución PolÃtica que prohÃbe y sanciona cualquier tipo de maltrato y violencia a toda persona con discapacidad, y el artÃculo 24 que establece que "Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta".
Por otro lado, la autoridad explicó que la demanda planteada por las personas con discapacidad se sustenta en el artÃculo 4 de la Ley 223, especialmente en el principio de Asistencia Económica Estatal por el que el Estado promueve una renta solidaria para las personas con discapacidad grave y muy grave, y el artÃculo 49 de la misma normativa que determina que el Estado debe promover todas las formas de auto organización de las personas con discapacidad, adoptadas para la defensa de sus derechos y obligaciones civiles, sociales, económicas y garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones en materia de polÃticas públicas permanentes sobre discapacidad".
Finalmente, indicó que en lugar de reprimir, descalificar y levantar cercas y barreras, el deber del gobierno es escuchar las demandas del pueblo, darles respuestas y encontrar juntos una solución.
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