La libertad de expresión y el acceso a la información

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Tanto la libre expresión como el acceso a la información pública son derechos irrenunciables de la ciudadanía en general, pues ambas posiciones permitirán a sus componentes expresar sus necesidades más urgentes, u observar lo que les parezca que atenta contra sus derechos y además evitar la corrupción en el nivel político.

Cuando no existe acceso a la información pública, es decir la que deben brindar las entidades estatales, suele incrementarse la corrupción, ya que la población tiene derecho a saber en qué, cómo y en qué medida se invierten los fondos que aporta a través del pago de sus impuestos.

Por evitar el acceso de la sociedad a la información muchos gobiernos han cometido abusos o actos de corrupción, además trataron de evitar que se les fiscalice precisamente por eso.

Pero también es importante que comprendan que el acceso a la información pública no es exclusividad del gremio periodístico, ni debe ser ignorada, pues de la falta de interés, de la indiferencia de la población por conocer cómo se distribuyen los recursos económicos, en qué se emplean, cómo se licitan las obras para los que se usan y demás, puede llevar a las autoridades de un gobierno, sea local, departamental o nacional a cometer actos de corrupción y esta ilegalidad quedar en la impunidad.

Mientras más amplio sea el acceso a la información pública habrá menos riesgo de corrupción, además que no es exclusiva de los periodistas, sino que cualquier miembro de la sociedad, cualquier ciudadano de a pie tiene el derecho de solicitarla y analizarla, además de cuestionar si nota alguna irregularidad.

Por otra parte, los periodistas, quienes por lo general son quienes buscan acceder a la información pública o a cualquiera que le interese al conjunto de la sociedad, deben saber, desde su formación académica, que se tienen que tratar los datos, que consigue, con la más absoluta responsabilidad y ética, por lo que debe perseguir en lo posible la autorregulación, a través de su escala de valores.

En las diferentes sociedades, especialmente en las latinoamericanas, a nombre de la regulación se han cometido los más atroces crímenes o abusos contra periodistas, por lo que tampoco es conveniente que se traslade esa potestad a los gobiernos, sino que cada gremio tiene sus organismo de autorregulación como son los tribunales de ética, a los que pueden acudir las personas que se sienten afectadas por una empresa periodística o por algún trabajador de la prensa.

Son los tribunales de imprenta, integrados por personalidades idóneas y de reconocida probidad, quienes juzgan las acciones de los periodistas que incurren en algún delito relacionado a su actividad gremial, y ésa es la garantía para los ciudadanos de que no se cometerán excesos, caso contrario ese profesional de la información será amonestado como corresponda.

Cuando existen las leyes de mordaza, también se atenta contra el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada, por lo que no es aconsejable permitir que surja la censura mediante las normas dictadas por un gobierno de turno.

La prensa incomoda, es un hecho, pero no por eso debemos permitir que haya censura, que se esconda información trascendental, que se incurra en corrupción u otros delitos y que estos queden impunes.

Estamos comenzando el mes de mayo, en el que se juntan tres fechas importantes para los gremios periodísticos, el 1 de Mayo, Día del Trabajador; el 3 de Mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y el 10 de Mayo, Día del Periodista boliviano, por lo que quisimos hacer énfasis en estos derechos y obligaciones que tienen tanto periodistas como personas que integran la sociedad en su conjunto, para que juntos hagan prevalecer los derechos de todos y vigilen que se cumplan las obligaciones que a cada quien le compete.

Fuente: LA PATRIA