Jueves 21 de abril de 2016
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No comparto la euforia que muchas personas manifestaron en las redes sociales por la decisión de la Cámara de Diputados de Brasil de enjuiciar polÃticamente a la presidenta Dilma Rousseff.
Y no es cuestión de simpatÃas ni de ideologÃas.
Según los mensajes que pude leer, la mayorÃa cree que, tras la votación en el Senado, Rousseff podrÃa ser procesada y eventualmente destituida por corrupción pero, en el sentido estricto de la palabra, eso no es cierto.
Lo primero que debe quedar claro es que, en efecto, en Brasil estalló tal escándalo de corrupción en torno a la estatal petrolera Petrobras que salpicó a casi toda la clase polÃtica, incluido el ex presidente Lula da Silva.
Rousseff pudo ser juzgada por los millonarios sobornos vinculados a Petrobras, por el desvÃo de dinero para su campaña de reelección o por haber recibido dinero a cambio de adjudicar obras públicas, ya que todas esas acusaciones fueron formuladas en su contra, pero, en lugar de ello, se optó por un tecnicismo que es el de "crÃmenes de responsabilidad". Esta acusación, prohijada por el abogado Helio Bicudo, uno de los fundadores del mismÃsimo Partido de los Trabajadores, el de Rousseff, señala que la presidenta deberÃa ser destituida por "violar la legislación respecto a la salud fiscal del paÃs, dando la impresión de que todo estaba bien".
