El juicio legislativo a Rousseff avanza por el laberinto político

El juicio legislativo que amenaza con destituir a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, avanza a través del laberinto político brasileño, un complicado camino en el que se adentró a finales de 2015 y cuyo trazado está ahora en manos del pleno de la Cámara de los Diputados.

El puntapié inicial de este proceso lo dio a comienzos de diciembre el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de la presidenta Rousseff, ahora investigado por su participación en la trama de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.

En su papel de jefe de la Cámara baja, Cunha aceptó a trámite el pedido realizado por un prestigioso grupo de juristas, entre los que figuraba Helio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), formación a la que pertenece la mandataria y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

La oposición argumenta que este maquillaje fiscal supone un "crimen de responsabilidades", uno de los motivos contemplados en la Constitución para abrir un proceso parlamentario, pero el Gobierno insiste en calificarlo de "golpe de Estado" por considerar que no cometió ningún delito.

En diciembre los parlamentarios se apresuraron a instalar la comisión especial encargada de dar el primer parecer sobre el proceso, pero el Tribunal Supremo ordenó suspenderlo temporalmente al detectar "errores de procedimiento" y días después el Parlamento entró en receso.

Los ánimos se apaciguaron durante las vacaciones navideñas, pero con la vuelta al trabajo de los parlamentarios el clima político comenzó a caldearse de nuevo, especialmente después de las multitudinarias protestas en todo Brasil que pedían la salida de Rousseff. Más de tres millones de personas salieron a las calles del país para gritar a favor del "impeachment", lo que aumentó la presión sobre los congresistas para agilizar el trámite.

El clima se calentó todavía más tras la divulgación de unas conversaciones de Lula con Rousseff, que sugerían que la presidenta le había designado ministro para que consiguiera el fuero privilegiado y pudiese escapar así de las garras del juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones de corrupción en Petrobras, de la que el ex jefe de Estado es blanco.

Fuente: Sao Paulo, 16 (EFE).-