La reforma judicial no es patrimonio de un Gobierno

Tenía previsto no opinar más, al menos por el momento, sobre la ruta crítica que debe transitar la justicia boliviana, para iniciar su reforma, desde una perspectiva de política pública. No obstante, debido a los últimos sucesos, que dan cuenta de una propuesta del �rgano Judicial (OJ), tras su Pre Cumbre, y de las reacciones antidemocráticas de la Ministra de Justicia, otros interlocutores del Gobierno y hasta algunos generadores de opinión, resulta irresponsable no pronunciarse por la identidad, compromiso y trabajo de décadas en la materia.

Y más allá de la forma en que fueron elegidas y el perfil de las autoridades que han gobernado a las instituciones de justicia en los últimos años, lo que ha caracterizado su relación entre ellas y con la población, es la primera vez, en los últimos 10 años, que el OJ, liderado por su Presidente, gracias a la cooperación de la Unión Europea, realiza el ejercicio de discutir pluralmente su situación y plantea con firmeza al País, una propuesta.

Horas después sirios y troyanos enfilan sus baterías para descalificarlos; exhibiendo un supino desconocimiento de datos y cifras que -vistos de modo coherente en orden a lo que es un Sistema de Justicia- niegan la posibilidad de que el OJ posicione sus propuestas y avance hacia su independencia. No los entiendo, sobre todo a los que critican con sesgo y mezquindad, haciendo comparsa al discurso predominante, pese a haber tenido gestión y gobierno en instituciones judiciales, en décadas pasadas.

Soy de los que cree en las propuestas formuladas por el OJ; sobre todo en materia económica por ser precondición para su autonomía institucional y aquellas que suman al desarrollo del pluralismo jurídico. No habrá reforma judicial con un presupuesto reducido al 0.56%, cuando en propaganda estatal se gasta 4 ó 5 veces más. La justicia jamás será accesible si es que jueces, fiscales y defensores de oficio existen en menos de la mitad de municipios del país. La mora judicial no desaparecerá si para 10,5 millones de habitantes (con crecimiento de 3% anual) hay apenas 1006 jueces y si en los tribunales del país anualmente se atienden más de 810 mil casos. Los procesos judiciales seguirán siendo enmarañados y demorados si es que el �rgano Legislativo no cumple su función -ya aplazado por años- de dictar un marco jurídico coherente con el mandato constitucional y el Derecho Internacional de los DDHH; pero sobre todo coordinado con el Ejecutivo para asegurar su implementación y respetando al Judicial. Puedo seguir enunciando realidades que se ignoran deliberadamente, por lo que igual o mayor responsabilidad tienen de la crisis judicial los �rganos Ejecutivo y Legislativo.

Así, una Cumbre Nacional de Justicia resulta innecesaria, porque no exhibe una real voluntad política de dar independencia ni recursos económicos y legales a la justicia. Ya el OJ hizo mea culpa en la Pre Cumbre y está dispuesto a trabajar -coordinadamente- con los demás �rganos del Estado. El reto está planteado y el país debe saberlo.

En esa perspectiva la Ministra de Justicia y su equipo, cometen el grave error de seguir excluyendo, descalificando e irrogándose la titularidad y exclusividad de propuestas de cara a mejorar la justicia. Han tenido 10 años para hacerlo. Están perdiendo la perspectiva de proceso plural y de consenso, que conlleva una reforma judicial; la que por cierto -además- deberá estar respaldada por las instituciones de Sociedad Civil independientes, con opinión, propuesta y apoyo crítico, una cooperación internacional desconcentrada y ampliada y medios de comunicación responsables. No se le puede seguir negando al pueblo de Bolivia, con un doble discurso, la posibilidad de tener una justicia democrática.

(*) Abogado, analista y Director Ejecutivo de Fundación Buen Gobierno