Coca, dudas, preguntas, ideas

A principios de octubre de 2004 llegamos a un acuerdo con Evo Morales por el cuál nuestro gobierno autorizó el cultivo de medio cato de coca por familia hasta un máximo de 3.500 hectáreas en el Chapare. Lo hicimos sin consulta y en contra de la opinión de los Estados Unidos (era la primera vez que Bolivia tomaba una decisión sin la "supervisión" de la primera potencia mundial).

¿Fue una decisión adecuada? ¿Abrió las puertas para incrementar los cultivos ilegales? ¿Tiene que ver con el actual estado de cosas? Me he hecho esa pregunta durante estos últimos años, ante la evidencia de que la realidad del narcotráfico y la economía ilegal derivada de la comercialización subterránea de la coca, sigue siendo una de las cuestiones esenciales del circuito coca-cocaína y del flagelo del narcotráfico.

El Presidente Morales a su vez llevó a cabo tres acciones que han dado un giro significativo en el tema de la producción de la hoja: la expulsión de la DEA, el aumento de límites de cultivos de 12.000 a 20.000 hectáreas y el logro del reconocimiento internacional de que el acullico es legal.

¿Cuál ha sido la evolución en el periodo 2001-2014? De acuerdo a datos oficiales de Naciones Unidas el año con más hectáreas cultivadas fue 2010 con casi 31.000 hectáreas. En 2014 la superficie cultivada era de 20.400 hectáreas; 14.200 en Yungas, 6.100 en el Chapare, 130 en el norte de La Paz y 214 en áreas protegidas. Según esta información el total de cultivos es prácticamente el que estableció el gobierno como máximo y es un 41% superior a lo permitido por la Ley 1008.

En este contexto hay una realidad fundamental que debe subrayarse para tener un cuadro completo. Las federaciones de productores de coca del trópico son uno de los poderes más importantes en y del gobierno. La posibilidad de establecer una limitación o reducción total de la coca chapareña es enfrentar un súper poder que ha convertido la región casi en un territorio "libre".

Todas estas consideraciones tienen que ver con las serenas y sabias reflexiones de la Iglesia Católica en su última Carta Pastoral. El narcotráfico y el consumo interno son un grave problema en el país, la penetración de este flagelo nos incumbe a todos y ha penetrado todas las estructuras de la sociedad ¿Puede decir el gobierno, como administrador del Estado, que es una excepción a esa realidad? ¿La policía, para poner un solo ejemplo, no es parte del Estado?

Pero de lo que se trata es de encontrar respuestas. El problema de fondo es un debate sobre el camino a seguir.

Ese camino, en mi opinión, no pasa por la reducción de cultivos, ni por la estéril lógica de la serpiente que se muerde la cola. El envenenado círculo vicioso de erradicación, interdicción, incautación de droga�y así hasta el infinito, no nos ha llevado a ninguna parte, el problema es cada vez más grande.

Seguimos sin saber cuántas de esas 20.000 hectáreas van al acullicu y cuántas a la cocaína, y parece que al gobierno no le interesa dar una respuesta medible y clara. Una vez que lo sepamos ¿podrá o querrá el gobierno erradicar la coca de "transición"? ¿servirá de algo? La verdad es que la política de erradicación con el objetivo de un máximo de 12.000 hectáreas y coca cero en el Chapare no es viable, salvo que un gobierno (este o cualquier otro) estuviera dispuesto a una acción radical y por la fuerza, con todas las consecuencias previsibles de tal decisión y con la experiencia ya vivida.

Mi impresión es que el debate debe tomar el toro por las astas. Un debate sobre descriminalización, despenalización y legalización. Debate complicado y difícil que requiere reflexionar sobre la diferencia entre drogas blandas y drogas duras, que requiere una respuesta sincera sobre los circuitos del crimen organizado, que requiere, en suma, una reelaboración de la Ley 1008.

Lo que es evidente es que la actual lucha contra el narcotráfico no resuelve nada, como no resolvió nada en el pasado ni con ni sin Estados Unidos.