Hostigamiento, acoso y hasta la muerte se cruzan en la carrera política de las mujeres

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"Si no renuncio me dijeron que me atenga a las consecuencias", cuenta Bertha Quispe y parece que lleva encima el peso de ser joven y mujer. Ganó las elecciones de 2015 con el 52% y se convirtió en la alcaldesa del municipio de Collana; pero luego de nueve meses de sentarse en la silla municipal le exigieron su renuncia.

En el corto tiempo en que ejerció sus funciones las autoridades originarias y algunos concejales le han acusado de no cumplir sus promesas y bajo ese justificativo han tomado las oficinas de la Alcaldía y le han impedido cumplir actividades.

Ella sufre amenazas y amedrentamiento, pero también teme por su familia. El acoso y violencia política está prohibido por la Ley 243, norma que ya tiene cuatro años de vigencia, pero no cuenta con la reglamentación para operativizar su aplicación.

La situación de la alcaldesa Quispe es "muy delicada" porque también tiene que enfrentar intereses políticos y económicos, afirma el coordinador de proyectos de la Asociación de Concejalas de Bolivia, Grover Sinka.

El pecado de la autoridad es intentar reglamentar la explotación de áridos, una actividad que es monopolizada por una cooperativa, además enfrenta la presión de las comunidades que exigen resultados de gestión cuando apenas pasaron 10 meses que se sentó en la silla municipal.

"Yo ya digo ex alcaldesa", sentencia el presidente del Comité Cívico del lugar, Emilio Cusi, quien no mueve un milímetro su posición al cuestionar a la alcaldesa. "Le damos una oportunidad para que sea autoridad", dice.

Mientras que la concejala María Luz Chipana observa que ni bien fue posesionada "no hubo entendimiento. Solicitamos informes y no responde", muestra documentos en el canal televisivo Cadena A.

En siete meses, desde junio de 2015, nueve autoridades mujeres han denunciado en la Asociación de Mujeres Concejalas de Bolivia (Acobol) que han sufrido acoso y violencia política en el ejercicio de sus funciones.

Desde el año pasado, la Acobol empezó a recibir "muchos casos" de acoso y violencia política, cuenta el coordinador de proyectos de esta entidad, Grover Sinka.

Entre 2010 y 2014, 282 casos fueron denunciados en esta organización que aglutina a las concejalas, la mayor cantidad están en el departamento de Chuquisaca, seguido de La Paz, Potosí y Pando; mientras que Beni y Tarija son los departamentos donde menos casos se registran.

Las formas más comunes de acoso están vinculadas a la presión para obligarles a renunciar; la persecución referida a la difusión de información personal con el fin de dañar su integridad y dignidad como mujer; el hostigamiento que se expresa con la asignación de actividades que no son propias del cargo y el acoso mediante actos y palabras que hacen daño. En algunos casos, las acciones llegan hasta la muerte.

Celia Sillus Muni era concejala en el municipio de Inquisivi, terminó atropellada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Ella había denunciado en su Concejo que era hostigada y objeto de violencia; pero, ante la falta de mecanismos de protección efectiva, terminó muerta.

"El acoso y la violencia política también nos están costando la vida de las mujeres, a quienes les costó llegar a esos espacios de poder", comenta Rosario Ricaldi, de la Coordinadora de la Mujer.

Recuerda que una de esas vidas es de Juana Quispe, quien fue concejala en 2010. Dirigentes de su municipio obstaculizaron desde el inicio sus actividades y en un congreso resolvieron pedirle su renuncia.

El Concejo Municipal la suspendió. Ella recurrió a la justicia para exigir la restitución de sus derechos; pero, cuando logró este objetivo, en marzo de 2012, fue asesinada cruelmente. Hasta la fecha no se hizo justicia.

Fuente: La Paz, 9 (ANF)