La conferencia de prensa del abogado de Evo Morales confirmó la estrategia del Gobierno sobre el tráfico de influencias con la empresa china CAMC: se intentará demostrar que el hijo del Presidente con Gabriela Zapata no existe.
Con o sin matrimonio, una hija o un hijo crean un vínculo entre dos personas: paternidad, en el caso del varón, y maternidad, cuando se trata de la mujer. Si existe algún vínculo entre Morales y Zapata que comprometería al Presidente ese sería el de la paternidad. Si la relación se mantuvo o no está más en la esfera privada que es la que los ministros intentaron defender sin éxito.
Y ahí es donde surgen las dudas razonables. La versión de Zapata es que el hijo existe y está en el exterior. Lo último que alcanzó a decir, antes que la trasladaran a un penal con mayor seguridad es que presentará a su hijo ante la jueza que conoce la causa pero, para ello, la magistrada tendría que viajar a donde el niño se encuentra.
La versión del Gobierno es que el hijo sólo existe en los papeles y, hasta ahora, eso es cierto. El certificado de nacimiento, que refleja la existencia de una partida en el registro civil o cívico es la prueba documental de la existencia de una persona que fue inscrita con Juan Evo Morales Ayma como padre y Gabriela Geraldine Zapata Montaño como madre. Para todos los efectos legales, esa persona existe aunque hasta ahora nadie la haya visto.
Una duda razonable es que el niño no haya nacido. La versión del Gobierno apunta a que Zapata mintió sobre su embarazo y el posterior nacimiento del niño. La acción jurídica a seguir en este caso es anular la partida de nacimiento con el argumento de que el certificado de nacido vivo es falso. Si el Gobierno lo consigue, anulará también el vínculo de la paternidad que es el que podría involucrar al Presidente en un supuesto caso de tráfico de influencias. Ese argumento sería desmantelado cuando el hijo sea, por fin, presentado ante la jueza que conoce la causa.
Estas elucubraciones jurídicas están sujetas a la existencia o inexistencia del niño y, por tanto, el desenlace de esta truculenta historia todavía parece lejano.
Lo que sigue, entonces, es una batalla jurídica con los argumentos ya expuestos. Entretanto, no hay que perder de vista hasta qué punto fue -y es- jurídicamente aceptable que el Gobierno boliviano haya adjudicado millonarios contratos sin licitación a una empresa china de la que Gabriela Zapata era gerente comercial. Ese es el detalle a tomar en cuenta en un momento en el que el reflotamiento del caso Silala aparece como un intento de echar una cortina de humo a un caso cuyo fondo es el supuesto tráfico de influencias.
(*) Premio Nacional en Historia del Periodismo
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