Está corriendo un plazo de seis meses para que gobernaciones y alcaldías elaboren y presenten al Ejecutivo sus planes departamentales y municipales consignando especialmente lo referente al desarrollo integral de la comunidad, en base a tales planes se espera acelerar la inversión pública y garantizar el crecimiento de la economía nacional, en la intención oficial.
Lo que se pretende es que las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias y responsabilidades que les asigna la Constitución, efectúen una planificación sectorializada que comprenda esencialmente respuestas con obras a las necesidades y expectativas de la población, ajustando esa dinámica a la programación del Estado hacia el 2020.
Con ésta variante de plan, se establece que la planificación no debe ser exclusivamente centralista, es decir que se origine en el Gobierno, más bien lo que se busca es que se alcance un grado de coordinación con los objetivos del desarrollo nacional en concordancia con los planes de las gobernaciones y los municipios.
Hay seis meses para que las entidades subnacionales elaboren sus planes enmarcados en el nuevo Sistema de Planificación Integral del Estado y el Plan de Desarrollo Económico y Social hasta la gestión del 2020 y por supuesto en la dirección trazada de la denominada Agenda Patriótica al 2025.
La innovación de este plan de desarrollo, alienta además la elaboración de planes estratégicos de desarrollo integral, bajo la alternativa de crear empresas públicas que respondan a criterios de productividad y rentabilidad, incrementando las posibilidades de crecimiento en las regiones, ajustando su funcionamiento y pervivencia en relación a posibilidades de capitalizar este tipo de empresas como respuesta a iniciativas sociales que aseguren fuentes de empleo y satisfagan elementales requerimientos comunitarios.
En el Ministerio de Planificación del Desarrollo se puntualiza que "es la primera vez en el país que se articula una planificación de mediano y largo plazo enfocada a lograr objetivos muy claros entre el Ejecutivo y los organismos subnacionales, estos últimos que podrán mostrar con claridad sus proyectos de mayor viabilidad para contentar a sus respectivas poblaciones". Para entrar en el sistema más de 1.500 técnicos serán capacitados para elaborar los proyectos y que los mismos sean factibles en su futura ejecución.
?sta puede ser la instancia para poner a prueba la capacidad creadora y las condiciones de servicio que pueden ofrecer, planificar y ejecutar las autoridades de las gobernaciones, incluyendo sus asambleístas y en el otro frente los concejales y los alcaldes, se supone que en algunos emprendimientos podrán trabajar de manera conjunta si lo exigiera la magnitud de algunos proyectos.
En todo caso, el flujo de fondos es asunto concurrente a la instancia gubernamental, pero basando la asignación correspondiente, una vez que los proyectos sean admitidos en función a su efectividad de servicio y utilidad pública, lo que significa un beneficio colectivo de respuesta a los anhelos populares.
Cuando se mencionan esas opciones, se espera que nuestras autoridades reflexionen abiertamente, sin presiones sectoriales o impulsos partidarios elementalmente políticos. La idea es que los planteamientos del pueblo sean traducidos correctamente y convertidos en obras elementales para mejorar las condiciones de vida en la cotidianidad, especialmente con servicios básicos, agua, alcantarillado, luz, calles transitables, seguridad ciudadana garantizada, aspectos que son parte de los proyectos globales de salud y educación.
Fuente: LA PATRIA
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