Calles y avenidas de la ciudad especialmente en el sector central o en sitios próximos a centros de abasto, están saturadas al colmo de su espacio y capacidad de utilidad práctica. Son calles con aceras y calzadas ocupadas en exceso y fuera de todo control, generalmente por el comercio informal que ocupa estos espacios públicos, ocasionando un caos insoportable.
La gente que necesita hacer ciertas compras en esos lugares congestionados, lo hace ocupando las calzadas en franca competencia con las movilidades, en su mayoría de servicio público que transitan lentamente eludiendo a la gente y evitando llevarse por delante toda una suerte de mercaderías.
El ordenamiento urbano, en cualquier ciudad ordenada, asegura la circulación de personas por las aceras y los vehículos por las calzadas. Los peatones para cruzar de una acera a otra deben hacerlo en las esquinas y por los denominados "pasos de cebra", no por otro lado, de modo que los vehículos deben respetar las señales de semáforos o guardias de tránsito, para movilizarse ordenadamente.
Ese ordenamiento ideal se da en circunstancias especiales, bajo la vigencia de leyes específicas, cuyo cumplimiento atañe a conductores de motorizados en su generalidad, pero también a transeúntes de modo que unos y otros utilicen adecuadamente los espacios que por derecho les corresponde en función de las normas que aplican las municipalidades.
Cuando se toca ese tema en nuestro medio, la responsabilidad de mejorar el conjunto urbano social de la ciudad la responsabilidad recae en las autoridades municipales, empezando por su Concejo, donde deben implementarse las normas de orden regulativo y en el Ejecutivo de las alcaldías que deben encargarse de hacer cumplir todas las disposiciones en vigencia, incluso acudiendo para ese objeto a su propia guardia (municipal) y a efectivos de unidades especiales de la Policía departamental.
Un recuento de normas, por lo menos entre las que estuvieran en función, nos lleva a una dolorosa realidad y es la carencia de una Ley de Transporte Municipal, instrumento cuya inexistencia permite el desastroso desorden público, en una ciudad en que las aceras y las calzadas han sido arrebatadas por un comercio irregular dejando librados a su suerte a miles de transeúntes, incluyendo niños, ancianos y mujeres con pesadas bolsas que deben darse modos para comprar, para circular, para embarcarse en atestados minis o micros, mientras es notoria la ausencia de efectivos municipales y policiales para facilitar mínimamente la seguridad y algo de comodidad para toda la vecindad.
Hay que admitir que como están las cosas, ordenar el tráfico de vehículos y peatones resulta realmente una tarea de titanes, pero nuestras autoridades deben priorizar sus responsabilidades para trabajar en ese sentido, legislar para mejorar las condiciones de habitabilidad ciudadana, quiérase o no, una urgencia que no se puede postergar por más tiempo.
Las autoridades y en este caso incluyendo a las de la Gobernación, deberían definir políticas de trabajo conjunto por ejemplo para desarrollar el proyecto de construcción del Mercado Central, una obra de imperiosa necesidad que con seguridad disminuiría en altísimo porcentaje el desorden callejero y facilitaría a gran parte de nuestra ciudadanía, gozar de más espacios para su circulación.
No es cuestión de encarar proyectos de alto costo y poco beneficio, el asunto es invertir los dineros de la población en proyectos que proporcionen seguridad, que cambien la imagen de la ciudad, en el terreno físico a nivel del piso, el sitio que ahora está invadido arbitrariamente y fuera de control.
Fuente: LA PATRIA
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