Viernes 25 de marzo de 2016
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Una década atrás y en un papel dedicado a la reinversión y administración regional en minerÃa, publicado en la prensa local y recopilado en mi último libro (De oro, plata y estaño, Plural 2014, pp. 331 y siguientes) proponÃa esos dos conceptos como pilares en los que deberÃa sustentarse el desarrollo del sector minero nacional. Aunque la reinversión se aplica ahora en algunos sectores productivos y financieros (con resultados muy buenos), en minerÃa se ha hecho muy poco y se reduce a la coparticipación del Servicio Nacional de GeologÃa y MinerÃa (Sergeomin) del 10% de la regalÃa minera departamental (Arts. 81 y 229 de la Ley 535), monto destinado especÃficamente a exploración de nuevas áreas mineralizadas. La administración regional nunca se implementó pese a su consonancia con los postulados constitucionales sobre autonomÃas, es más, la minerÃa en todas sus fases depende del nivel central del Estado (Art. 8 de Ley 535). Una de cal y una de arena.
Como enfatizo siempre en esta columna, la minerÃa debe tratarse como negocio y su inserción al circuito global de capitales que mueven esta actividad, como un parámetro que puede darle la funcionalidad que todo operador espera. Sea el Estado o los privados los que operen el sector, el manejo corporativo de los emprendimientos es el único camino que nos llevará a emular la única aventura exitosa de la minerÃa nacional en el siglo XX cuando la General Tin Investment (90% de capitales bolivianos) llegó a ser una de las mayores inversionistas a escala global. Siempre a contracorriente con las tendencias globales hoy el paÃs tiene una legislación que favorece la minerÃa informal y pese a sus postulados, no llega a potenciar la estatal Comibol a niveles corporativos, peor aún llevarla a invertir en negocios de ultramar.
