Lucha entre religión y anticonceptivos divide al Tribunal Supremo de EE.UU.

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La lucha entre libertad religiosa y anticonceptivos dividió hoy (ayer), al Tribunal Supremo de EE.UU., encargado de decidir si algunos grupos religiosos pueden abstenerse de dar a sus empleados seguros de salud con cobertura de anticonceptivos, como requiere la ley sanitaria del presidente Barack Obama.

La fractura entre los jueces liberales y conservadores se sintió dentro de la corte, donde los magistrados celebraron una audiencia para estudiar el polémico caso; y fuera, donde cientos de monjas con hábitos grises y marrones entonaron canciones eclesiales y alzaron pancartas en las que podía leerse: "Ayuda a una hermana".

"El Gobierno no protege nuestra libertad religiosa", dijo a Efe Lourdes Miranda, que hace 40 años entró a formar parte de las Hermanitas de los Pobres, un grupo de monjas católicas dedicadas al cuidado de los ancianos sin recursos y que no quieren contribuir de ninguna manera a la provisión de anticonceptivos.

La reforma sanitaria ya exime a las iglesias de amparar planes sanitarios con anticonceptivos, pero establece que los grupos religiosos sin ánimo de lucro afiliados a estas iglesias, como escuelas y organizaciones caritativas, deben acogerse a una cláusula especial.

Bajo esa cláusula, los grupos religiosos pueden firmar un formulario e informar al Gobierno que no quieren cubrir los anticonceptivos con los planes de salud que están obligados a proveer y, entonces, el Ejecutivo toma el relevo y cubre los cuidados reproductivos de los empleados del grupo religioso.

"No quieren firmar los formularios porque no quieren dar ningún tipo de autorización para que se proporcionen los anticonceptivos", defendió ante los jueces el abogado Paul D.Clement, que representa a los grupos religiosos, entre los que destaca la congregación católica de las Hermanitas de los Pobres. La discordia fuera de la corte podría trasladarse al interior, donde los magistrados han quedado divididos entre cuatro liberales y cuatro conservadores tras la inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia, que habría sido un voto seguro a favor de los grupos religiosos.

En caso de empate, los ocho magistrados tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que beneficiaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo juez se incorpore a la corte.

Fuente: Washington, 23 (EFE).-