La Declaración de los Derechos Humanos es clara en todo lo referido a que cada persona está obligada a respetar y considerar la dignidad de su prójimo y mucho más de las mujeres, los niños y los ancianos; pero, lamentablemente, muchas veces el poder político no toma en cuenta esas realidades y, a veces, en conjunción con intereses económicos y privados, se comete graves atentados contra las personas sin tener en cuenta que merecen toda consideración, respeto y amor que exigirían para sí mismos quienes violan tal principio.
Los códigos civiles y penales en todos los países contienen cláusulas muy claras en sentido de que "hasta los criminales con faltas comprobadas de sus crímenes" merecen respeto a su condición humana y sus derechos deben ser considerados; justamente por ello, las mismas cláusulas del derecho establecen la necesidad de que cada reo con crímenes o faltas comprobadas debe contar con la defensa de un abogado; y éste es el caso, por ejemplo, de narcotraficantes que han atentado contra la vida de las personas y han sembrado dolor y muerte en diversos puntos del planeta.
Muchas veces, por complejos, revanchismos, venganzas y otros sentimientos negativos, se han concebido varias formas de castigar y sentar precedentes con personas que han complotado y han cometido delitos contra las personas y en muchos casos, los tiempos de reclusión preventiva que pueden ser de meses o años, no se toman en cuenta al final de los juicios en que se dictan sentencias. Hay casos que, por simples robos están muchos años en cárceles y esto debido a falta de defensa por parte de un abogado por no poder sufragarse sus honorarios; el ejemplo es patético y ocurre con muchas personas en las cárceles del país que permanecen por mucho tiempo sin poder alcanzar la libertad que, con juicios legales pudo haber tenido al cabo de poco tiempo de haber cumplido sentencia.
Hay casos en que se tiene que lamentar los excesos de las autoridades que complican en las diversas instancias a niños que nunca tuvieron algo que ver con los delitos que se juzga. Estos extremos no tendrían que producirse dado el hecho de que ningún niño interviene en la consumación de un delito y, si por cualquier motivo, fue parte de él, deben ser internados en sitios especialmente destinados a niños y jóvenes donde puedan rehabilitarse si efectivamente se comprobó que tuvieron parte en la consumación del delito o falta enrostrada y juzgado en los padres.
Los derechos y dignidad de las personas deben ser respetados y tratados con las consideraciones debidas a su condición de ser humano; ni las autoridades judiciales ni policiales tienen derecho a vulnerar normas que deben cumplirse sagradamente. Finalmente, los casos pendientes de atención de los tribunales, deberían revisarse y enmendar cualquier error.
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