Jueves 17 de marzo de 2016
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La Ley de Imprenta, obsoleta como es endilgada por muchos, debido a sus 91 años de vigencia institucional, no admite fueros de ninguna naturaleza en casos de delitos de calumnia e injuria difundidos a través de los medios de comunicación masiva.
"Art. 28. Corresponde al Jurado el conocimiento de los delitos de imprenta sin distinción de fueros�". Es categórico. Esto quiere decir que no hay privilegios, derechos, leyes, poder o estamento, alguno que impida juzgar a quien haya incurrido en "delitos de imprenta". Ni siquiera ser Presidente. ministro, diputado o senador le salva a uno de ser juzgado por un Tribunal de Imprenta cuando se "delinque contra las personas individuales o colectivas", cuando se las injuria directa o indirectamente, "sean o no falsas las imputaciones injuriosas", Art. 13.
Lo del "fuero" está clarÃsimo. Si fuera el mismÃsimo Sr. Presidente o el Sr. ministro que incurriese en delito de calumnia, difamación, o denigren la honra de quien sea, pueden ser juzgados por el Tribunal de Imprenta a sola prueba de que dichas injurias, calumnias o deshonras hayan sido publicadas en tres o más ejemplares de un impreso y hayan sido leÃdas por cinco o más individuos, o se fije en carteles.
La normativa dice que asà no sean falsas las imputaciones, es decir, asà sean ciertas, se debe juzgar a quien "delinque". Esto es claro y sabio. La Ley de Imprenta sale en defensa de la dignidad de las personas. Aun asà sean ciertas las calumnias o injurias, se incurre en delito de difamación. ¿A quién le interesa que algún fulano sea lo que fuere? Sólo a la justicia y a él mismo. Incluso si sólo se tratara de actos contrarios a nuestro ordenamiento jurÃdico. Eso es absolutamente subjetivo, cada quien es libre de querer ser lo que quiere ser, eso sÃ, sin dañar a otros.
