Cedib: Pueblos amazónicos no fueron consultados para exploración petrolera

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El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) asegura que las consultas que debían ser previas, libres e informadas a 59 comunidades indígenas de la Amazonía, donde dos empresas chinas realizan tareas de exploración petrolera, se limitaron a un simple proceso administrativo. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sostiene que la consulta se hizo en el marco de la ley.

El director del Cedib, Marco Gandarillas, dijo que varios dirigentes de las comunidades afectadas denunciaron que no fueron consultados por YPFB para intervenir en la zona con detonaciones que superarán las 61 mil explosiones de dinamita en un tendido de 2.765 kilómetros. "Temen por el impacto en los acuíferos y en las consecuencias irreversibles en esta zona que altamente sensible", dijo.

"Deberían aclarar las autoridades por qué la señora Melva Hurtado -que ahora está detenida por el caso Fondioc- firmó un convenio con YPFB para autorizar los estudios en la zona amazónica sin consultar a las dirigencias locales, ni tener el consentimiento de las comunidades afectadas", dijo Gandarillas.

La estatal petrolera YPFB contrató de manera directa a las empresas chinas Asociación Accidental BGP y Sinopec International para realizar tareas de exploración en dos bloques petroleros de la Amazonía que implicará detonar explosivos en 61.835 puntos cada 40 y 50 metros en un tendido lineal sísmico sobre 2.765 kilómetros de longitud.

Las detonaciones se realizan debido a que el sonido efectuado ayuda a detectar dónde puede haber bolsones de algún hidrocarburo, como gas o petróleo.

"Lastimosamente decretos aprobados por el Gobierno permiten que se realicen consultas sin los directamente involucrados, vulnerando la Constitución Política del Estado y tratados internacionales", aseguró.

Sobre "los mecanismos de compensación" que obtendrán esos pueblos por verse afectados por las exploraciones sísmicas en busca de hidrocarburos, el investigador Gandarillas dijo que las comunidades indígenas denunciaron que se les ofreció el pago de 1.000 bolivianos por árbol de castaña eliminado, lo cual es una suma "ridícula" y no representa una indemnización justa para un recurso perenne.

YPFB

La estatal YPFB informó que de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente para el sector hidrocarburos, se realizaron para ambos proyectos procesos de consulta y participación, los mismos que fueron liderados por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía como autoridad competente, en el marco del pleno respeto de la normatividad vigente.

"Para el proyecto en el área de Río Beni, se llegó a un acuerdo (Convenio de Validación de Acuerdos) con las 59 comunidades campesinas e indígenas de la Central Sindical �?nica de Trabajadores Campesinos Sena y San Lorenzo que se encuentran dentro del área de influencia directa del proyecto", respondió YPFB al cuestionario enviado por ANF.

En tanto que para el proyecto en el área de Nueva Esperanza, YPFB dijo que se firmó el Convenio de Validación de Acuerdos con la TCO Tacana II y la Comunidad El Chive. Se descartó que la dirigente Melva Hurtado haya participado en ninguna de las reuniones donde se firmaron los convenios anteriormente citados, pero se asegura que Adolfo Chávez si firmó "pero si ha participado y firmado el señor Adolfo Chávez".

METODOLOGÍA

De acuerdo a la explicación de YPFB, la metodología de trabajo en proyectos sísmicos en la Amazonía comprenderá cuatro etapas: topografía, perforación, registro, y abandono y restauración, estas actividades logísticamente serán realizadas utilizando las vías existentes con el apoyo de helicópteros para minimizar el impacto ambiental.

En el caso particular del trabajo en el área Nueva Esperanza, la logística se realizará vía fluvial y aérea debido a la no existencia de caminos. "Asimismo, reiterar que para ambos proyectos se cuenta con la respectiva licencia ambiental", señala el informe.

Entre las medidas de prevención y mitigación más importantes se encuentra el respeto a especies de interés comercial y cultural de las comunidades campesinas e indígenas involucradas, manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos generados durante la ejecución de los proyectos, el compromiso de minimizar lo más posible las áreas del proyecto y otros buscando reducir al máximo la intervención del proyecto en el lugar.

Fuente: La Paz, 12 (ANF).-