Ordenamiento territorial del país

Los conflictos limítrofes del país persisten y se mantendrán activos, en tanto no se ordene la vigencia de una sola normativa que defina un ordenamiento territorial en el país que elimine una serie de irregularidades y recupere el valor del derecho que reclaman los pueblos originario campesinos que mantienen ancestrales límites de sus comunidades y que se han alterado en algunos casos bajo formas de presión política o la fuerza de interesadas presiones sociales.

Las referencias existentes sobre ésta materia, señalan que actualmente existen más de 40 conflictos por demarcación que no han sido solucionados, lo que permite incursiones irregulares de comunaríos en terrenos que no les pertenecen y generan enfrentamientos, en muchos casos con víctimas, heridos y de manera general con una serie de perjuicios para familias del área rural.

Se informó que actualmente está en elaboración en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), el anteproyecto de la Ley de Unidades Territoriales, normativa que una vez aprobada, definirá un renovado ordenamiento territorial apropiado a las características que define la Constitución Política del Estado en función al Estado Plurinacional, que reconoce las autonomías indígenas y originarias, campesinas y regionales, incluyendo por supuesto los municipios de reciente creación.

Actualmente está vigente la Ley 339 para delimitación de Unidades Territoriales, sin embargo dicho instrumento no ha tenido aplicación práctica, no otra cosa significa la presencia de conflictos y la ausencia de soluciones, prolongando por mucho tiempo los enfrentamientos entre pobladores agrarios que pese a la suscripción de algunos acuerdos de entendimiento y pacificación, no encuentran arreglos prácticos que garanticen convivencia en sus territorios delimitados legalmente.

Se han hecho algunos intentos para solucionar los conflictos de límites, se estuvo o se está aplicando una ley poco operativa, puesto que los resultados de su uso no han sido satisfactorios para "limar asperezas", si vale el término y dejar los limites saneados en función a una demarcación técnica que reconozca derechos, que permita el desarrollo de pacificas actividades propias de cada región, con respaldo de un instrumento legal que en este caso tendría que ser la Ley de Unidades Territoriales.

El concepto que se utiliza en el anteproyecto que es elaborado en la Udape, tiene que ser considerado en la magnitud de su futura aplicación en las que serán consideradas "unidades territoriales", tomando en cuenta que por lo menos hasta el presente y con los cambios introducidos en la CPE, se estaría dando vigencia a la formación del Estado Plurinacional que reconoce las autonomías indígenas, especialmente las que datan, incluso de antes de la fundación de la República.

El asunto es delicado y urge que sea considerado con alguna prioridad puesto que los conflictos limítrofes deben ser superados, en el sentido de encontrar pacíficas soluciones que se encuadren al reclamado ordenamiento territorial que debe implementarse limpiando las zonas con deficiencias en demarcación de límites y configurando ya un territorio ordenado a satisfacción de todos los bolivianos.

Fuente: LA PATRIA