Ley de organizaciones políticas

Pasada la euforia del referéndum y calmados los ánimos tras los resultados que no tendrán variaciones fundamentales en su definición porcentual, se ha establecido que la mayoría de la colectividad boliviana no quiere que se abra la Constitución Política del Estado (CPE), para introducir un cambio en materia de una posible reelección de los actuales mandatarios, hecho que plantea de manera oficial una elección política al final del actual mandato.

Autoridades del organismo electoral, con algún sentido de previsión, señalaron que pasado el referéndum su atención estaría dirigida a trabajar en una nueva Ley de Partidos y Agrupaciones Ciudadanas, con miras a un renovado proceso plebiscitario que se desarrolle en un marco garantizado de reglas y en respeto a la democracia vigente.

En realidad una de las mayores preocupaciones en el ámbito político tiene que ver con el uso de recursos para el impulso de campañas, criticándose lo que ocurrió en la reciente consulta, con denuncias muy serias sobre el uso arbitrario de recursos públicos y de medios de comunicación del Estado, como si fuesen parte del gobierno. Las organizaciones "opositoras" se quejaron por la discriminación.

Hay que recordar que en agosto del 2008 el extinto Congreso de la República aprobó la Ley 769, que eliminó el financiamiento estatal a los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas en años o periodos electorales, aspecto que sostenía entonces la Ley de Partidos Políticos.

Reclamos y denuncias mostraron en pasadas contiendas electorales el uso de dinero, en algunos casos de dudosa procedencia y sin posibilidades de establecer su correcta administración; por otro lado las limitaciones en la entrega de presupuestos a los partidos fue motivo de reclamos frente a ciertas medidas no generales que otorgaban "ventajas" a los oficialistas.

Frente a estos hechos y otros de orden organizativo que deben ser actualizados, se hace imperioso el trabajo del órgano electoral preparando un anteproyecto renovado de la Ley de Partidos para que ese documento enriquecido en instancias de la sociedad civil pueda ser debatido en el curso de los próximos meses, pero quizá fijando un límite hacia finales de la presente gestión para su aprobación y promulgación, de modo que el año venidero se estrene una actualizada normativa electoral.

Por lo que se sabe, de momento hay por lo menos tres propuestas que servirán para elaborar la nueva estructura de la ley que regirá la vida de las organizaciones políticas en nuestro país, tomando en cuenta que no sólo deben tratarse los aspectos de orden financiero de las entidades políticas sino también los mecanismos de control y transparencia en el uso de esos recursos, aparte una serie de elementos que tienen que ver con reglas internas, garantías necesarias que muestren condiciones de responsabilidad para el cumplimiento de metas propuestas en planes electoralistas, que como se ha podido observar casi nunca se cumplen en las gestiones de gobernabilidad.

Hay un reto para el Tribunal Supremo Electoral, pues pasado el referéndum hay que iniciar el delicado, complejo pero necesario trabajo de proponer una Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Ciudadanas que garantice la voluntad popular en tiempo de democracia.

Fuente: LA PATRIA