Más coerción a la libertad de expresión

Algunas veces nos preguntamos: ¿Cuándo terminará la larga noche de oscurantismo neopopulista? La respuesta no llega a nuestra inquieta y fatigada conciencia. Los hechos de negación a las libertades de pensamiento, información, expresión, opinión y acción democrática se suceden en una continua saga de actos perversos del poder político en Bolivia. Surgen ganas de hacer algo desesperado, pero la racionalidad acaba imponiéndose porque nos hace ver la inutilidad de respuestas legítimas, por el momento, al abuso totalitario y que solamente acabaríamos lastimados, al igual que nuestras familias, por engendros que habiendo llegado al poder por una vía democrática usan y abusan de mecanismos que deberían ser manejados con mucha prudencia, respetando por encima de todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por casi todos los países del mundo, incluyendo nuestro país.

En una publicación en Facebook, Diego Ayo se defiende e indica de manera principista: "Amigos míos, conviene recordar que el gobierno no dialoga. A quienes tienen opiniones diferentes o se los trata de desprestigiar (corruptos, de derecha, privatizadores, etc) o se los intenta eliminar con el uso de la ley. Pues ya me tocó ambas con la publicación la interventora Lariza Fuentes me mandó una carta intimidatoria en la que dice que me equivoqué en mil cosas y que me hará un juicio. No niego que me amedrenta pero sobre todo porque ya no hay siquiera libertad de escribir. De todos modos me reafirmo en todas mis afirmaciones: se quiere encubrir a las máximas autoridades responsables, la corrupción no es de "dos milloncitos" sino de 182 millones de dólares, no quieren llevar adelante una auditoría verdaderamente imparcial (mientras tanto el informe de la señora Fuentes esconde más que revela)".

Si tiene que haber un proceso que se lo inicie y concluya, pero no existen en Bolivia las condiciones para un hecho jurídico imparcial. Sería interesante que la interventora demuestre públicamente cómo y a quién ha investigado. Existen lagunas de todo tipo y con amenazas hormonales no se hace más que hacer dudar a la gente de a pie. Se ha formado un iceberg de corrupción que se sigue extendiendo y que al final perjudica al "régimen del cambio". La censura estatal a la libertad de expresión implica la influencia directa de sujetos políticos que tienen el poder sobre la información y opinión, lo que puede dar lugar a restricciones en la forma de pensar y transmitir los hechos. En realidad el poder absoluto es maléfico y cruel porque arrebata la posibilidad de pensar. Los seres humanos que piensan pueden equivocarse, que no es el caso de Diego Ayo, pero el totalitarismo que secuestra la palabra es infinitamente peor.

Es necesario, e imprescindible, defender la libertad de opinión, y expresión por añadidura, aunque el riesgo de errores no está excluido. Solamente los demócratas convencidos, de derecha o izquierda, entienden el peligro de un régimen que tiene todo el poder en sus manos, como el que Hitler o Stalin establecieron, lo que lleva a la vileza del poder, aún a nombre de la Revolución, aunque con extrema desfachatez se autodenomine como de socialismo comunitario, revolcando los conceptos y categorías en el barro de la historia sórdida. Y un proceso democrático auténtico debe construirse con base en la libertad sin centrarse en la desfachatez de los que se creen con derecho a "formar conceptos y categorías desde arriba" sin debatir los aspectos centrales de su contenido.