Regalías mineras menguan mientras ineficacia crece

La drástica reducción de los ingresos provenientes de las regalías mineras por la explotación y exportación de nuestros recursos naturales no renovables en el departamento es la señal de alerta que exige un trabajo efectivo de las autoridades sectoriales, para incrementar los niveles de producción, otorgando incentivo a los productores impulsando nuevos proyectos para no vivir a expensas de las cotizaciones.

El informe del Gobierno Autónomo Departamental, desde la Dirección de Regalías Mineras, cuando hace conocer que la gestión 2015 el pago de las regalías mineras no llegó ni a 80 millones de bolivianos, debe motivar un urgente cambio de actitud y no sólo pretensiones como un control más riguroso de la producción de minerales ni esperar la contratación de personal para llevar adelante un proyecto. Se debe aplicar una política para desarrollar la minería regional complementaria a la metalurgia y su diversificación.

La mejora en la producción minera no se conseguirá con "un control más riguroso de la producción de minerales", lo que se debe hacer es incentivar a la minería chica de occidente a reactivar su aparato productivo, porque la paralización de sus operaciones es una seria amenaza que pone en riesgo el futuro de la minería en el país, con gran perjuicio para las regiones productoras que ya no percibirán regalías por la explotación de los yacimientos, dejando sin empleo a cientos de mineros.

Hablar de un control cuando no se tiene un incentivo a la producción, es como querer producir más leche cuando no se tiene vacas para ordeñar, lo que supone una decisión equivocada, porque cuanto más minas se cierran menos regalías hay y el pago por el sector estatal no beneficia siempre a la región, como ocurrió con la Metalúrgica de Vinto que hasta la inicios de la gestión pasada pagaba como principal contribuyente sus impuestos en Oruro y ahora depende de la gubernamental Corporación Minera de Bolivia que centraliza esos pagos.

La no percepción de regalías mineras y los impuestos de la producción metalúrgica pone en riesgo la estabilidad económica de la región que tiene como principal característica la explotación de los recursos naturales no renovables, lo que demuestra que la Gobernación de Oruro no cuenta con una política minero-metalúrgica para continuar explotando este importante sector productivo y gran generador de empleos.

No podemos quedarnos sólo con una "estrategia de desarrollo minero", que si bien identifica algunos yacimientos y tiene un listado interesante de los proyectos en ejecución y los que concluyeron su etapa productiva, como Inti Raymi, no establece los niveles de inversión que se requiere para avanzar con nuevos proyectos y tampoco otorga un tratamiento especial ni preferencial para el sector de la minería chica que languidece por la ausencia de una política minera estatal.

Las acciones que emprende el Ministerio de Minería están destinadas al sector estatal y radican en la minería del litio sin tomar en cuenta que la minería privada es la que trae mayor inversión para garantizar un desarrollo y crecimiento sostenido que permita enfrentar la crisis que se presenta con la caída del precio de los minerales en el mercado internacional, que obligó a una drástica reducción del 25 por ciento de los ingresos de la Gobernación para la gestión 2015, con relación al año 2014, que llegaron a los 106,3 millones de bolivianos.

El 2015 El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro recibió sólo 77.507.566 bolivianos lo que demuestra el informe oficial que no se llegó ni a los 80 millones de bolivianos, generando esto un déficit mayor porque la proyección de ingresos en ese rubro era de 200 millones de bolivianos, lo que confirma que las regalías mineras menguan mientras crece la inoperancia si no hay incentivo y desarrollo productivo minero y metalúrgico.

Otro perjuicio es la demora en la instalación de la Fundición de Zinc en Oruro, que además fue declarada como una prioridad nacional, lo que hará que la situación de crisis minera sea más difícil para la económica regional puesto que el comercio informal, no reemplazará el pago de esas regalías con impuestos, porque sencillamente el contrabando no tributa.

Ojalá la decisión de las autoridades de la Gobernación de Oruro y con preferencia del Ministerio de Minería permita tener a corto plazo una política minera nacional y a la brevedad posible incentivos para reactivar las operaciones productivas en la minería chica y además encarar la ejecución de otros proyectos mineros privados y de economía mixta. No hacerlo será ahuyentar a quienes quieren desarrollar la minería con nuevas inversiones y en definitiva, las autoridades las responsables de "enterrar" a la minería.

(*) Periodista