Domingo 31 de enero de 2016
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El asunto data de mucho tiempo atrás, cuando el ?rgano Judicial fue severamente cuestionado y se plantearon ajustes para reestructurarlo. A comienzo del año como siempre sucede se inauguró el año judicial y el hecho sirvió para que en esa ocasión se ratifiquen los cuestionamientos hacia los administradores de justicia, admitiéndose además la existencia innegable de marcada corrupción y retardación de gestiones en ese alto tribunal.
En tal ocasión el presidente del Tribunal Supremo, defendió los principios de autonomía e independencia del ?rgano Judicial, como garantía de una imparcial y eficiente administración judicial en el país.
Sin embargo pesó más la protesta ciudadana, reflejada en movilizaciones de centenares de litigantes que criticaron al sistema en general y plantearon ajustes estructurales para su recuperación institucional y de servicio a la colectividad.
La ministra de justicia se refirió a la realización de una Cumbre Judicial, como parte del remedio que debe darse al mayor problema que confronta el gobierno en su gestión. A propósito del tema, el Primer Mandatario en su discurso informe con motivo de los diez años de ejercicio del poder, señaló que la Cumbre Judicial se desarrollaría en Sucre los días 16 y 17 de abril venidero, lo que satisfizo a los círculos próximos a la judicatura y a los niveles de orden político.
Son muchos los problemas que aquejan al sistema judicial del país, por lo mismo que la primera autoridad gobernante propuso la elaboración inmediata de "ejes temáticos" para su discusión en las áreas correspondientes de trabajo en el evento que considerará la difícil situación de la justicia.
El Primer Mandatario se adelantó en proponer una agenda de varios puntos entre los que mencionó, los servicios de justicia, recursos económicos y humanos, designación de las altas autoridades, acceso a la justicia sin trabas, capacitación especializada en diferentes niveles, el caso de la retardación de justicia, la especialización de profesionales, lucha contra la corrupción, política criminal, y la situación de la infraestructura del sistema a nivel nacional, sin descuidar la necesidad de mejorar las áreas de educación y formación de los futuros abogados.
Fuente: LA PATRIA
