Está visto que hay necesidad de crear condiciones apropiadas para motivar por un lado y captar en el otro sentido las inversiones necesarias que impulsen todo el sistema productivo nacional, como una forma de enfrentar la crisis de los precios internacionales que agobian las exportaciones de nuestras principales materias primas, pero además para consolidar proyectos en ciernes que están esperando ciertas normativas de seguridad jurídica.
Es el caso de la minería y metalurgia del país, que necesitan cuanto antes de un verdadero impulso financiero de origen nacional, puede ser estatal o privado, pero también proveniente del exterior a través de empresas que han mostrado verdadero interés en disponer capitales y tecnología para movilizar la industria extractiva de minerales y su transformación industrial en metales con valor agregado, lo que hacen en países vecinos con muy buenos resultados.
Menos mal que ya contamos con una nueva Ley de Inversiones, la misma que fue aprobada en la gestión pasada y que en cierto modo satisfizo la expectativa del empresariado privado boliviano, aunque se reclama con justificada razón el reglamento que la haga operativa y de servicio a los fines de mejorar todas las instancias posibles para emprendimientos industriales de todo nivel, lo que significará creación de más fuentes de empleo, asegurar las existentes y abrir posibilidades de mejor el desempeño de nuestras actividades productivas.
Hay una experiencia negativa de verdad, en materia de normativas y su necesaria complementación, el caso de la Ley de Minería y Metalurgia Nº 535 promulgada en solemne acto en Oruro a fines de mayo del 2014. Ese instrumento tan necesario no se aplica porque en un año y ocho meses no tiene reglamento y tampoco aprobado su sistema tributario, por lo tanto perjudicando algunas oportunidades de inversión que hubieran facilitado el desarrollo de proyectos de prospección y exploración, que demandan mucho tiempo y dinero y que no pueden concretarse porque no hay el reglamento correspondiente.
En el caso de la Ley de Inversiones, fuera de su marco general, no se han definido algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo con asuntos sociales, incluido el peliagudo tema del doble aguinaldo o el próximo ajuste salarial, cuya gestión ya anunció la COB, pero sin tomar en cuenta al sector que paga los sueldos.
En otro nivel hay mucha preocupación por algunas situaciones emergentes por ejemplo de la despiadada competencia con la industria nacional y el comercio legalmente establecido por el crecimiento del contrabando y la secuencia obligada del masivo comercio informal, además de una serie de medidas coercitivas que aplica el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) a los contribuyentes, que por mínimos errores deben pagar fuertes sanciones, mientras los que evaden impuestos e incumplen las leyes, están gozando del privilegio de hacer comercio millonario, sin tributar al Estado.
Al cierre de la gestión pasada, a tiempo de hacer recuento de inversiones, se ponderó las que efectuó el Gobierno, se reconoció las que por su parte cumplió la Empresa Privada, pero se la instó a que en la nueva gestión pueda disponer de por lo menos 4 mil millones de dólares. No se rechaza tal posibilidad, pero para cumplir ese y otros objetivos, se necesita tener claras las reglas de juego para garantizar las inversiones y ponerlas en servicio de las grandes mayorías, pero eliminando también las operaciones ilegales que le restan ingresos al Erario Nacional y compiten con la industria y comercio legalmente establecidos.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.