La economía subterránea perjudica a Oruro

La existencia de una economía subterránea no declarada ni reconocida como oficial, que sin embargo regula los precios del mercado local, genera gran perjuicio a Oruro y ese hecho debería preocupar a las autoridades locales, porque el contrabando, el narcotráfico y el juqueo (robo de minerales) socavan los cimientos del desarrollo regional.

El principal enemigo de la economía regional resulta ser el contrabando que a través de ilícitos aduaneros eluden el pago de impuestos y lo que es más, atentan contra la industria nacional y su proyección. Los centros de abasto están abarrotados de productos chinos de mala calidad y bajo precio, postergando el crecimiento y desarrollo del sector productivo manufacturero e incluso de alimentos y también del comercio legalmente establecido.

Este contrabando, que consiste en la internación de objetos cuyo tránsito no está prohibido para las importaciones, afecta a los ingresos de la región burlando el pago de impuestos aduaneros, reduciendo los ingresos para el erario nacional y el tesoro departamental, sin que las autoridades puedan hacer nada, porque hay personas vinculadas al partido en función de gobierno y disidentes que realizan esa ilegal actividad.

La raíz del contrabando resulta ser el narcotráfico, porque Oruro se ha convertido en la "ciudad puente" del paso de cocaína que se interna desde el Valle Alto y con mayor frecuencia desde el Perú, al igual que la marihuana que en los últimos días se logró secuestrar 150 kilos que tenían que ser llevados a Chile, desde donde se reenvía a Europa por el valor del precio que se incrementa dejando sustanciales ingresos a los narcotraficantes.

La ilícita actividad origina el "blanqueo" de dineros con la internación de productos de contrabando, lo que perjudica a la industria nacional, al comercio legal establecido y además a la propia población orureña, porque no se puede generar nuevas inversiones para el desarrollo productivo industrial y, consecuentemente no hay fuentes de empleo.

Estos ilícitos aduaneros, así como el narcotráfico resultan ser una cotidianidad en Oruro, desde hace más de tres décadas cuando se inició la fabricación de la droga en el occidente orureño y posteriormente se trasplantó al sector del Valle Alto de Cochabamba, donde la actividad delincuencial continúa pese a las campañas y tareas de interdicción que cumplen autoridades antidrogas.

Un tema que causó zozobra por un tiempo hace un par de años fue lo ocurrido de Challapata, donde narcotraficantes establecieron un negocio de auto-venta de vehículos robados en la vecina República de Chile, introducidos de contrabando a Bolivia por rutas de acceso clandestinas en la amplia frontera boliviano-chilena, motorizados que eran cambiados por droga, llegando a tomar el control de la actividad delictiva narcos chilenos y peruanos.

Ese hecho obligó al gobierno a aplicar medidas extremas, militarizar la zona y al control de carreteras, a fin de evitar la internación de los vehículos robados, cortando así un comercio ilícito de placas, documentos de propiedad, rosetas de inspección y hasta Soat que realizaban personas inescrupulosas para "legalizar" las camionetas, vagonetas y autos "chutos" en Challapata.

La acción enérgica de las autoridades jurisdiccionales, evitó que este comercio clandestino de automotores crezca y el control permanente de los efectivos de unidades militares en frontera logró la incautación de cientos de motorizados en labor coordinada con el Control Operativo Aduanero (COA) y la Aduana Nacional, en su lucha contra el contrabando.

A esa actividad ilícita que guarda una cierta relación, entre el contrabando y el narcotráfico, se suma el juqueo o robo de minerales, que está vigente desde larga data, pero se incrementó en los últimos años, llegando al extremo que recién en diciembre se develaron actos de corrupción en la justicia de Huanuni, distrito minero aledaño a Oruro donde se realiza la explotación de estaño, porque los jueces favorecían a los jucus (ladrones de minerales).

El juqueo provoca un grave daño económico a la principal empresa minera del país, que posee el yacimiento estannífero más grande la región, con su mina ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Oruro, siendo los jucus quienes llegan a esta capital para entregar "su carga" a comercializadoras que se dedican a los ilícitos mineros, como recién denunciaron las autoridades de gobierno.

Esa es otra economía subterránea que afecta a la minería estatal y reduce los ingresos para mina Huanuni y la entrega de concentrados para la fundidora nacional, lo que causa preocupación de las autoridades quienes aprendieron a 26 jucus de los cientos que operan en el yacimiento del Posokoni.

Así se resume la ilícita actividad en la que basa su economía la región por ausencia de inversión privada, falta de seguridad jurídica y ante la inexistencia de un parque industrial, la ausencia de un adecuado control de las importaciones y exportaciones, como la circulación de la droga en Oruro.

Ojalá este panorama pueda cambiar a la brevedad posible con el emplazamiento del parque industrial a partir de establecer un área de reserva industrial en tierras fiscales y la habilitación de la terminal trimodal, terrestre, área y ferroviaria, para contar a corto plazo con el primer corredor interoceánico y el moderno parque tecnológico para desarrollar nuestra tecnología del conocimiento, buscando alcanzar la liberación tecnológica como propugna el Presidente Evo Morales, para tener más investigadores bolivianos a nivel científico.

(*) Periodista