La Ley de Imprenta, dictada un 19 de enero de 1925, está vigente por 91 años y es el instrumento que rige la actividad de los periodistas de Bolivia, una de las pocas leyes de tanto tiempo, que sigue normando el desarrollo de una de las actividades profesionales más delicada en el contexto de nuestra sociedad.
Dos días atrás y sin mayores aspavientos, se cumplió un año más de esa Ley a la que muchos y por diferentes razones quisieran cambiarla, alterarla y hasta anularla, propósitos que no han prosperado y que tampoco tendrán efecto allí donde se practique la democracia y se respeten los derechos inalienables como la libertad de pensar, la libre expresión y la libertad de prensa, atributos de la normativa que va camino a sus centenario.
La semana pasada, el Primer Mandatario se quejó, dijo sentirse "traicionado y abandonado por los periodistas", una apreciación alejada de la realidad considerando que las actividades de las mujeres y hombres de la prensa, no tienen compromisos "sentimentales" cuando están en el desempeño de sus funciones, tareas que responsablemente están dirigidas a informar la verdad, a transmitir la realidad de los acontecimientos, sin que los mismos tengan más o menos preferencias, por inclinaciones partidarias o ideológicas de sus protagonistas.
Frente a ese tipo de observaciones que surgen en algunos niveles de la administración gubernamental, está precisamente la Ley de Imprenta, que se trata de un instrumento legal que defiende más que a los periodistas, a los ciudadanos de manera general para que estos reciban las informaciones en el más alto grado de veracidad, sin distorsiones y con la mayor amplitud posible para que cada persona tenga el derecho de admitir, rechazar y/o investigar lo que creyera conveniente de las informaciones que se divulgan.
Por esas circunstancias es que la Ley de Imprenta permanece en el tiempo y el espacio, pues así como defiende los derechos ciudadanos, puede ser el instrumento que sancione irregularidades, en una mala práctica de recoger, procesar y divulgar informaciones.
A propósito de mal fundadas insinuaciones, la prensa independiente, la que no tiene compromisos subalternos, reniega porque se la quiera alinear a corrientes o sectores de la política cotidiana, la prensa libre observa, escucha, recoge e informa a la colectividad de la manera más próxima a la veracidad de los hechos de modo que no se alteren criterios, no se presionen conciencias y se respeten los derechos ciudadanos de los que informan y de los que son informados, solo la Ley de Imprenta puede cumplir ese objetivo.
Hay una evidencia y es que la Ley de Imprenta de hace 91 años, se dictó cuando sólo funcionaban y por mucho tiempo, los medios de prensa impresos, en la actualidad se ha producido una inobjetable innovación tecnológica, con la incorporación de la radio, la televisión y en el último tiempo con una serie de variables, la red de redes o más conocida como internet.
Los nuevos sistemas cierto que deben ser incorporados a la normativa, pero ese trabajo corresponde a las organizaciones del ramo, a los profesionales del periodismo, a los actores de la actividad informativa, en ningún caso a los políticos o a los transgresores de los derechos ciudadanos, sin que eso signifique rechazar sugerencias y buenos propósitos de quienes con sus actos practican y defienden códigos éticos, que son parte de la pluralidad en democracia.
Fuente: LA PATRIA
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