Fiscalía inicia proceso contra presunto abogado extorsionador

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Tras la aprehensión en flagrancia de un abogado recibiendo dinero de manera ilícita, el Ministerio Público procedió a realizar la denuncia formal en contra de esta persona, por los presuntos delitos de extorsión y estafa; además se investigará posibles vínculos del jurista con jueces y fiscales.

La fiscal departamental de Oruro, Dubeysa Palacios Maldonado, manifestó que ya se inició el proceso contra el abogado Limberth Saravia, porque presuntamente habría cometido delitos de extorsión y estafa, además de haber hecho un patrocinio desleal con su cliente, a quien no solo habría sacado una elevada cantidad de dinero para supuestamente pagar a jueces y fiscales, sino que le amenazaba con cárcel si no pagaba.

La autoridad indicó que se verificó que eran ocho los procesos que tenía la cliente de dicho abogado, la señora Ana Peláez, y en cuatro de ellos era la denunciante y en cuatro la denunciada, en todos los casos por conflicto de terrenos.

El jurista que debía representarla en todos estos procesos, le cobraba por cada uno de ellos; pero la fiscal Palacios informó que en realidad, 6 de los casos ya habían sido cerrados por rechazo, por tanto solo dos estaban vigentes, lo que no fue informado por Saravia a su cliente.

"Estaban archivados, sin embargo, el abogado le seguía sacando dinero para sus procesos, y lo peor a nombre de fiscales y jueces, sin mencionar quiénes eran. Hemos secuestrado los cuadernos de su despacho y estamos cotejando ahora toda la información, porque necesitamos llegar al fondo de este caso, que podría agravarse si se comprueba vinculación con jueces o fiscales", manifestó la autoridad.

Palacios aseveró que si se confirma que existe algún nexo, entre el abogado, jueces y fiscales; el caso podría pasar de ser un presunto delito de extorsión y estafa, a algo más grande; puesto que se estaría hablando de toda una red, un consorcio de corrupción, en el que podrían estar involucrados incluso otros abogados.

Por ello hizo un llamado a la población orureña, para que puedan denunciar a abogados, jueces o fiscales, en caso de que hayan sufrido similar situación, es decir, que hubiesen tenido que pagar para obtener "favores" legales.

Fuente: LA PATRIA