Jueves 14 de enero de 2016
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La medida más confiable de la voluntad de los ciudadanos es la que resulta de elecciones transparentes y justas. Esto se aplica, por supuesto, a los referendos. Para garantizar que los comicios sean limpios, se requiere, entre otras condiciones, que la autoridad electoral sea independiente e integrada por ciudadanos probos e imparciales, que el padrón de electores sea confiable, que se garantice el acceso de los partidos, candidatos y electores al control del sufragio y del escrutinio y, finalmente, que se respeten los resultados del acto electoral.
En América Latina, esas reglas -insertas en la Carta Democrática Interamericana- con mucha frecuencia han sido ignoradas. Se siguió la cÃnica afirmación atribuida a Stalin: "Lo que cuenta no es al voto, sino quien cuenta los votos". Pero, antes de ese recuento de votos, se usan, además, los recursos y medios del Estado para la propaganda sectaria a favor del oficialismo, se restringen los derechos civiles de los ciudadanos, se acosa a las organizaciones polÃticas y a la prensa independiente. Es más: las autoridades judiciales comprometidas con el lÃder suelen interpretar torcidamente las leyes a favor de los candidatos del gobierno. Este es, por ejemplo, el caso nicaragüense en que la justicia violó la Constitución al declarar legal la nueva postulación y reelección del sandinista Daniel Ortega, y de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela que dio lugar a la exclusión de tres diputados opositores que ganaron en elecciones sus curules.
