El fenómeno que se ha presentado en el comportamiento ciudadano, que ha restado votos al partido oficialista en las últimas elecciones, ha desatado una fuerte reacción de los perdedores que denuncian fraude en varios distritos y acusan al organismo electoral de tal responsabilidad.
El escrutinio aún inconcluso al término de la semana última mostraba ya con claridad que el partido oficial se adjudicó seis gobernaciones de nueve pero no tuvo los mismos resultados en las alcaldías de las que logró sólo tres de diez. Ese hecho motivó reacciones especiales a nivel gobierno, pero también entre la oposición que defiende los escaños logrados en varias ciudades, aunque muy pocos en el área provincial.
Los comentarios cruzados desde ambos frentes reflejan lo que sucedió, por una parte una “infiltración” a la media luna del partido gobernante en Pando, donde tendrá control toda la gestión, pese a la denuncia de que tal resultado obedeció a una forzada migración de ciudadanos del occidente que fueron “asentados” sólo con fines electorales. El hecho sirvió también para controlar la Alcaldía pandina.
Los analistas señalan que la estrategia de penetrar en la zona oriental como en Pando ocasionó un descuido del oficialismo en el occidente del país donde las cosas cambiaron justificadas además en la improvisación de candidatos, ex parlamentarios que muy poco hicieron por sus regiones y recibieron su castigo.
El hecho fue notorio tanto en La Paz, Oruro y Potosí donde triunfó la oposición frente a parlamentarios oficialistas que en cuatro años de gestión sólo se dedicaron a la “gestión política”, discursiva, de confrontación y no de solución a muchos trámites que esperaba el pueblo y que no se cumplieron.
La ironía de los hechos es patética si en pasadas consultas populares, en las que se dieron resultados de alto porcentaje para el oficialismo, los opositores denunciaron fraude, sus denuncias no prosperaron mayormente y en el último caso las cifras se invirtieron en determinados sectores y eso molestó a los perdedores que amenazan con procesos contra el organismo electoral.
La Corte Nacional Electoral frente a la doble presión pide pruebas, pero al mismo tiempo exige respeto por tratarse de un poder más del Estado boliviano, por su parte el Gobierno insiste en que no apoyará con recursos a los alcaldes o gobernadores que se encuentren implicados en separatismo o corrupción en una clara alusión a los nuevos electos que no son del oficialismo.
Lo que corresponde en adelante es concluir los escrutinios, reafirmar las cifras ya conocidas, pero además en la Corte Electoral debería haber una reflexión sobre el último método de asignación de “cargos de asambleístas”, que parece un sistema discriminador, afectando derechos de ciudadanos que lograron una buena votación en las urnas y perderán tal valor en las mesas del manejo porcentual. La claridad de todos estos hechos debe ser explicada para conocimiento de la población, por encima tan sólo de los políticos.
Fuente: LA PATRIA
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