Otra gestión más sin desarrollo y sin planificación

La gestión pasada deja un saldo negativo si valoramos los resultados alcanzados durante el 2015 a nivel del desarrollo regional y el crecimiento local, aunque las autoridades se ufanen de mostrar un "avance formidable" y "logros alentadores" que buscan justificar un supuesto trabajo efectivo pretendiendo mostrar una buena administración, que para ser tal no debe ser sólo cuestión de entusiasmo, sino más bien de toma de decisiones para concretar acciones efectivas.

Para muestra basta un botón -dirían los expertos- al confirmar que la minería sufrió el mayor impacto negativo por la reducción del precio de los minerales en el mercado internacional de los metales y la paralización de las actividades productivas, que devastaron a la minería chica, dejaron sin opción a la minería mediana y redujeron los ingresos provenientes del pago de las regalías que afectan notablemente a la economía departamental y regional, fruto de inseguridad jurídica y falta de una política minera y metalúrgica que fomente la producción minera en el país.

En definitiva Oruro pese a ser un departamento minero, esencialmente monoproductor, no tiene un plan de contingencia ni cuenta con un plan para desarrollar la gran minería que se encuentra dormida al extremo que los expertos señalan que los orureños vivimos sobre el oro, llevando en nuestros zapatos partículas que se convierten en polvo y no dejan beneficios, debido al poco o ningún interés de nuestras autoridades. No hay proyectos mineros y como efecto tampoco regalías mineras para aportar al sostenimiento de nuestra economía regional.

Como si eso fuera poco, recién las autoridades departamentales admiten que el milenario Lago Poopó está herido de muerte y que merece urgente atención, porque no se trata de esperar que llueva y que se recargue, sino que habrá que comenzar por investigar qué paso con la millonaria inversión de más de 14 millones de euros que debían servir para los planes de mitigación y protección de esta cuenca terminal que por siglos ha provisto a los orureños del mentado pejerrey, además de la crianza de variadas especies de flamencos o parihuanas.

La desaparición del lago o como se quiera explicar, no es problema de contaminación minera, procedente en gran parte de operaciones del sector estatal, tampoco sólo el cambio climático, sino resultado del descuido de las autoridades que no supieron en su momento frenar el desvío de las aguas del Lago Titicaca en la cuenca alta, cuya administración y manejo corresponde al Perú y la falta de control del afluente del río Desaguadero, para lo cual se formó incluso una misión binacional denominada Subcomilagos que no dio ningún fruto al margen de la adquisición de una barcaza, cuyo destino se desconoce.

A todo ello se suma la ausencia de capacidad de nuestras autoridades para decidir el futuro de la región, porque siempre se quedan en simples anuncios, en promesas incumplidas y hasta ofertas electorales que se suman a un cúmulo de "buenas intenciones" que por lo general sólo quedan en eso, en meras intenciones, dejando postergadas las aspiraciones de la escasa población orureña que se ha visto drásticamente reducida al extremo que ni siquiera resulta interesante para definir un proceso electoral con algo más de 300 mil votantes.

Si tomamos en cuenta que Santa Cruz supera los 3 millones de habitantes, Cochabamba está en 2.8 millones de habitantes y La Paz en 1.8 millones de habitantes incluido El Alto. Oruro tiene una población urbana mínima de 520 habitantes, superando a Beni que tiene 450 mil habitantes y Pando 129 mil habitantes, lejos de Chuquisaca que llega a 867 mil habitantes, Potosí 611 mil habitantes y Tarija 533 mil habitantes. La cifra es poco alentadora para exigir atención y lo que es más para obtener mayores recursos de la coparticipación de los ingresos por hidrocarburos, al extremo que en materia de salud estamos librados a nuestra suerte porque Oruro no tiene ningún hospital público de segundo nivel y el barrio más progresista de Santa Cruz, Plan 3.000 que cuenta con 350 mil habitantes ya tiene 10 hospitales públicos de segundo nivel. Recién en octubre el presidente Evo Morales comprometió la construcción de dos hospitales de segundo nivel, uno en Challapata y el antiguo Hospital General "San Juan de Dios" que ahora es reconstruido.

Así también la planificación urbana debería ser el primer paso del futuro desarrollo regional y por supuesto del crecimiento de nuestra capital, desconociendo hacia donde crecerá la mancha urbana, dónde estará el área de reserva industrial y qué regulaciones tendrán las nuevas urbanizaciones, así cómo se deben construir los edificios, que por cierto no guardan ninguna norma ni regulación y se edifican a capricho de cada vecino.

Esa normativa tiene que fijar el Plan de Ordenamiento Territorial que no se ejecuta, se licitó en la anterior administración municipal y no hubo proponentes -seguro porque el monto base para adjudicar el estudio a diseño final no alcanza a la tercera parte de la proyección real- lo que dificulta y posterga indefinidamente la aplicación del modelo de regulación urbana que urge tener Oruro.

Mientras el Municipio defina el tema del Plan de Ordenamiento Territorial, en la Gobernación siguen abarrotados varios volúmenes del antiguo Plan Regulador Urbano, quizá a merced de roedores en un depósito y sin que nadie haga prevalecer las normas legales, aunque desactualizadas pero vigentes para normar el crecimiento de la ciudad. El estudio del Plan Regulador fue realizado por la desaparecida Corporación de Desarrollo de Oruro, más conocida como ex Cordeor, que transfirió esa y mucha otra documentación a la Prefectura del Departamento, hoy Gobernación.

Por esas actitudes el crecimiento de Oruro se reduce a la "iniciativa" de las autoridades, el criterio de los vecinos y en definitiva las obras que se aprueban en el Plan Operativo Anual (POA), que no siempre consignan grandes proyectos que garanticen un crecimiento sostenido y sustentable de nuestra capital. Se aplican parches y remiendos para una capital que fue la primera ciudad que se construyó en Bolivia con un modelo de planificación urbana y con plano aprobado, que se quiere dejar de lado para ejecutar pequeños proyectos.

En algunos casos, el nomeimportismo de las autoridades muestra poco o ningún interés por concluir obras que si bien se utilizan, nunca se entregaron de forma definitiva, como la avenida de Circunvalación que no tiene señalización y lo que es más, nunca fue transferida por el Gobierno Autónomo Departamental al Municipio de Oruro; el distribuidor vehicular en la ruta a Vinto que tiene articulación en tres brazos y carece de uno, dificultando la normal circulación de automotores provocando incluso un anárquico tráfico vehicular en horas tope.

La obra que se deshace a pedazos y nunca fue concluida es la avenida 24 de Junio, donde los conductores que circulan por la vía en tono de mofa afirman que "por ese jardín de obstáculos debería correrse el Dakar", porque tiene rompemuelles, huecos y no cuenta con señalización, además de constituir un freno para el crecimiento urbano al no tener conexión directa con avenidas de las nuevas urbanizaciones.

Para que la población quede satisfecha, se debe contar con un modelo de crecimiento y desarrollo urbano que será la brújula que guie el futuro de nuestra región, para saber en definitiva hacia dónde queremos ir, que zonas serán urbanizables, conocer la densidad poblacional y hasta fijar las áreas para el relleno sanitario, las industrias, equipamiento y verdes, que dicho sea de paso son cada vez más escasas por falta de planificación urbana. Ojalá las autoridades asuman ese desafío de garantizar el estudio a diseño final del Plan de Ordenamiento Territorial para impulsar nuevos proyectos sin descuidar que esas obras se concluyan, para no seguir haciendo más de lo mismo.

(*) Periodista