Un plan de reconversión para un sector de actividad ilegal como es la venta de ropa usada, se planteó hace mucho tiempo atrás, incluso se definió un soporte de varios millones de Bs. para encarar el cambio de actividad de quienes logran sus ingresos de sostenibilidad en función a un trabajo ilícito y además seriamente perjudicial para los pequeños productores, especialmente manufactureros de textiles.
El plan comenzó, no avanzó como se planificó por una serie de problemas que surgieron entre los comerciantes y las condiciones de ingresar al proceso en sí de la reconversión de tareas. Una misión complicada y con pocas alternativas de llegar a objetivos prácticos por la carencia de un plan concreto que haga viable la sustitución de un negocio, para muchos lucrativo, por un emprendimiento que no garantiza iguales ingresos y que además no muestra sostenibilidad.
Por lo que se sabe, hubo muchos interesados, pero en cantidad representaban un mínimo porcentaje del enorme conglomerado de vendedores de prendería usada que están distribuidos en todo el país y en algunos distritos constituyen una fuerza laboral que realmente sustituye la preocupante carencia de empleo seguro.
Existen disposiciones en plena vigencia, como la prohibición de importación de ropa usada y sin embargo esa mercadería sigue siendo el gran negocio de muchos desocupados, lo más grave es que miles de fardos de esa prendería se introducen al país por la vía del contrabando.
Hay evidencia de operativos que efectúa la aduana con su brazo represor el COA, pero son más los fardos que siguen en tráfico por las fronteras que los que son decomisados, se trata de un negocio de miles de dólares que sirve para paliar la crisis de empleo, situación que admite el gobierno implícitamente, al no actuar con mayor rigidez en el cumplimiento de las prohibiciones.
Un dato reciente de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia) de La Paz, confirma que entre los años 2012 al 2014, por lo menos un 50 por ciento de las micro y pequeñas empresas (Mypes) dejaron de operar debido a la comercialización de ropa a medio uso y por la importación de productos chinos, situación que se complicó con el pago del doble aguinaldo.
Frente a la arremetida aduanera del último tiempo, los "ropavejeros" se reunieron en un ampliado de su sector y solicitaron de manera directa al Gobierno aplicar un plan de reconversión productiva, para dejar de vender ropa usada e incorporarse al sistema manufacturero legal, pero en condiciones de seguridad y rendimiento económico que reemplace su actual negocio.
Sin embargo el asunto no es tan simple, pues se recuerda que el año 2011 se implantó el programa de reconversión que avanzó muy poco y se "diluyó" por el poco interés de los comerciantes que observaron pocas posibilidades de lograr las mismas utilidades. El Gobierno por su lado informó que "buena parte de 14 millones de Bs. entregados en créditos a los vendedores de ropa usada para su reconversión productiva está en juicio de recuperación", lo que significa que el procedimiento no funcionó.
Está aún vigente un saldo de 66 millones de Bs. del fideicomiso de 80 millones que se dispuso para la reconversión de los ropavejeros, pero la gran duda del momento es saber si miles de ropavejeros entrarán al plan de reconversión, de lo contrario se trata de una misión imposible y la ropa usada seguirá a la venta.
Fuente: La Patria
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