Granjeros como Mircea Necrilescu descubrieron un dÃa que una parte de sus tierras habÃa sido vendida. Al reclamar, el gobierno les mostró documentos que acreditaban la venta voluntaria de esas tierras.
El caso, en manos de la justicia rumana, apunta a un juez y al ex alcalde de Zarand, condenado hace dos años por la Agencia Nacional anti-Corrupción por aceptar 40.000 euros a cambio de dar los documentos de propiedad a empresarios sin escrúpulos. Esto sirvió para fabricar pre-contratos que les permitieran poner las tierras a su nombre. Los empresarios han servido de intermediarios Rabobank, el nuevo propietario de esos terrenos.
Oxfam Australia denuncia prácticas parecidas en paÃses del sureste asiático y en Brasil por parte de gigantes de la banca australiana. ANZ, National Australia Bank, Commonwealth Bank y Westpac han inyectado dinero en compañÃas investigadas por apropiación de tierras en Camboya, en Malasia y en Tailandia. Codician estas enormes extensiones de tierra por el potencial económico que tienen sus plantaciones de azúcar y otras materias primas.
Estas compañÃas sobornan a los gobiernos para forzar la expulsión de comunidades enteras, lo que ha desembocado en la merma de las cosechas de las que dependen para su supervivencia.
Ha sido de tal magnitud el escándalo por corrupción, por daños medioambientales y por violaciones de derechos humanos que Coca Cola, vinculada a una de las empresas en Brasil implicadas en estos casos, se ha visto forzada a implementar una polÃtica de "tolerancia cero" con la apropiación de tierras.
Las investigaciones han llevado a los bancos australianos implicados en estos casos a "dialogar" con Oxfam sobre cómo reconducir la situación y a plantear cambios en sus polÃticas internas como ocurrió con Coca Cola para mostrar su "repudio" hacia estas prácticas que hasta entonces habÃan consentido.
Ante una posible estrategia de lavado de cara por parte de banco y empresas, con millonarias partidas para marketing e imagen, investigaciones como la de Oxfam refuerzan la necesidad de reforzar la lucha contra la corrupción en un plano internacional. Cada año, un billón de dólares acaban en los bolsillos de funcionarios públicos en concepto de sobornos, según los datos sobre corrupción que maneja el Banco Mundial.
Empresarios, juristas y miembros de la Cámara de Comercio se opusieron hace unos años a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigara a 78 multinacionales por violar el Foreign Corrupt Practices Act.
Los empresarios se quejaban de que la lucha de la corrupción en paÃses extranjeros inhibirÃa las inversiones de empresas estadounidenses en el extranjero y veÃan poco pragmático trazar una lÃnea que distinguiera soborno de lo que, para ellos, era una práctica habitual y una forma "distinta" que tienen otros paÃses en su forma de entender los negocios.
Este argumento normaliza la corrupción de los "paÃses tercermundistas" a los que luego critican muchos medios occidentales y refuerza la creencia de que la corrupción sólo afecta a "esos paÃses".
Periodista y editor en el Centro de Colaboraciones Solidarias
Twitter: @cmiguelez
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