Lo que viene a fin de año para el sector productivo privado nacional es algo que no ocurre en ningún otro país, por las características de una presión de orden social dispuesta por el gobierno y de "cumplimiento vinculante", es lo mismo que inexcusable.
Fin de año y el pago de tres obligaciones "salariales", para hacer la comparación de la obligación, el sueldo del mes y dos aguinaldos que tienen igual valor, por lo mismo se trata de una triple obligación que caerá muy bien a ciertos funcionarios que trabajan con sueldos superiores al del Primer Mandatario, casos de dirigentes sindicales que ganan más de 20 mil bolivianos y que cobrarán con alguna diferencia de días nada menos que 60 mil o más bolivianos.
El caso es que la misma operación no podrá cumplirse en cierto nivel de empresas donde las circunstancias no son las más propicias, inclusive para cubrir salario y un aguinaldo. Las micro, pequeñas y medianas empresas son las más afectadas con la medida y varias de estas han optado por cerrar sus operaciones dejando en la calle a muchos empleados. En algunos casos se rechaza la medida del doble aguinaldo, por carencia comprobada de medios para pagar ese regalo.
Este mismo asunto tiene otra connotación cuando se trata del sector público, en el que se pagará todo, por supuesto con fondos del Estado o lo que es lo mismo con los dineros del pueblo y serán satisfechas las expectativas de todos los que son parte del aparato de la administración pública, donde también sobresalen sueldos millonarios.
Un detallito interesante con relación a las empresas públicas señala que "como requisito demostrarán sostenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado a por lo menos tres años, haber generado utilidad operativa en la gestión anterior" con lo que podrían habilitarse para percibir incremento salarial y por supuesto el beneficio conexo de hasta dos aguinaldos. La aplicación de ésta disposición tiene una medida que controla el funcionamiento de las empresas, permitiendo que su movimiento no sea rebasado con medidas que alteren su sostenibilidad.
Ese tipo de medidas que debería ser de aplicación general, no corre para el sector empresarial privado, del que buena parte se debate en una grave crisis financiera, por diversas causas, baja de precios externos, competencia de países vecinos por efectos monetarios, contrabando que inunda y compite con la producción nacional, pero además cargas sociales que están fuera de la realidad en que cotidianamente se desenvuelven las empresas privadas.
Una publicación periodística que analiza la situación social del país, revela que entre los años 2005 al 2014, los costos laborales se elevaron en la proporción del 300 por ciento, debido al aumento de salarios, crecimiento del sueldo mínimo, algunos bonos sectoriales y finalmente la obligación de pagar doble aguinaldo. Según el análisis no se encuentra situación ni siquiera parecida en ningún otro país, ni siquiera entre las potencias más ricas del mundo.
Al cierre de otra gestión el panorama es evidentemente preocupante, las exportaciones cayeron en más del 30 por ciento, los sectores estratégicos marcan descensos muy marcados, como la agricultura en 43 %, las manufacturas 32 % y la minería e hidrocarburos con niveles extremadamente sensibles debido a las condiciones que "manejan" las potencias industriales. Con esas cargas y sobrecargas de obligaciones sociales es poco probable anotar cifras positivas en los sectores productivos del país.
Fuente: La Patria
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