Juez Garzón se sentará en el banquillo por querer investigar el franquismo

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El juez Baltasar Garzón tendrá que sentarse en el banquillo, acusado de un presunto delito de prevaricación, por haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).

El magistrado del Tribunal Supremo de España Luciano Varela notificó hoy el auto judicial en el que acuerda juzgar a Garzón, juez de la Audiencia Nacional española que logró fama internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.

Garzón está muy cerca de ser suspendido después de que Varela adelantara que le abrirá juicio oral en un auto en el que le recuerda que un juez depende "sólo, pero siempre, de la ley", y que él ignoró la Ley de Amnistía de 1977 al decidir investigar el franquismo.

La suspensión debe ser acordada por el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, que examinará el asunto el próximo 22 de abril, informaron hoy a EFE fuentes de este organismo.

Los hechos por los que Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, para lo que ordenó la apertura de algunas fosas donde se sospecha que pueden haber sido enterradas personas desaparecidas en esa época.

Varela dio hoy diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa.

Aunque sólo después de recibir esos escritos se sentará a Garzón en el banquillo o se archivará el caso, Varela ya rechazó el pasado febrero sobreseer la causa, al entender que concurren todos los elementos del delito de prevaricación, opinión que reiteró hoy.

El magistrado también considera que no son necesarias más pruebas para esclarecer los hechos -denunciados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y la también ultraderechista Falange Española de las JONS- y deniega todas las solicitadas por Garzón.

Éste puede todavía recurrir el auto, pero el recurso será examinado por la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, que el pasado 25 de marzo ya respaldó la instrucción de Varela.

Baltasar Garzón había reclamado que se citara antes a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad, pero el instructor no lo considera procedente.

Entre esos testigos figuraban la ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Pinochet- y el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Meses después de declararse competente para investigar, Garzón se inhibió en favor de los juzgados locales donde se hallan las fosas.

El juez explicó entonces que dejó de instruir la causa porque ya no hay responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque cree que los delitos "permanecen" y no prescribieron.

Garzón había autorizado la apertura de una veintena de fosas a petición de familiares de desaparecidos y asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica.

Varela sostiene que Garzón sabía que carecía de competencia para investigar esos hechos y "actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo (...) sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España".

Garzón tiene dos causas más abiertas en su contra, y tendrá que declarar como imputado el próximo 15 de abril en el Tribunal Supremo en relación con la querella que se tramita contra él por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

Hay una tercera causa contra el juez por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el "caso Gürtel", uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia democrática española, que implica a dirigentes del conservador Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición.

El auto del juez Varela ha coincidido con el levantamiento del secreto de sumario del "caso Gürtel".

La organización Amnistía Internacional calificó hoy de "insólito" que un juez pueda ser juzgado por buscar "la verdad, la justicia y la reparación" para más de cien mil desaparecidos en la guerra civil española y la posterior dictadura.

Fuente: Madrid, 7 (EFE).-