Domingo 08 de noviembre de 2015
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El 31 de octubre de 1979 la OEA aprobó la Resolución 426 que menciona que "es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga un acceso soberano y útil al Océano Pacífico". En sus consideraciones la resolución establecía que "es necesario conseguir, con espíritu de fraternidad e integración americana el objetivo señalado?y consolidar una paz estable?en el área de América directamente afectada por las consecuencias del enclaustramiento de Bolivia".
Hay dos elementos fundamentales en este documento; la afirmación de que la solución definitiva para terminar con nuestro enclaustramiento forzado es un asunto de interés de todo el hemisferio y la afirmación de que esa solución contribuirá a consolidar una paz estable, fundamentalmente entre Chile, Perú y Bolivia. No se trata de una consideración puramente retórica, tiene que ver con la evidencia de una realidad histórica, una constatación de presente y una proyección de futuro.
La estrategia geopolítica de Chile, en la más pura línea portaliana, estableció una acción expansionista que comenzó con la guerra contra la Confederación Peru-Boliviana en 1836 y tuvo su momento más terrible en la invasión y conquista de territorios bolivianos y peruanos en el periodo 1879-1883.
Durante el gobierno de Pinochet se instalaron 118.000 minas antipersonales y 1.100 minas antitanques en las fronteras de Chile con Perú y Bolivia en un momento en que se barajaban opciones militares, particularmente con el Perú ante la proximidad del centenario de la invasión de 1879. El proceso parcial de desminado (apenas 19.000 minas desactivadas) no fue una iniciativa de los gobiernos democráticos chilenos, sino el producto de reiterados reclamos de Bolivia que se concretaron finalmente en la Agenda de los 13 puntos firmada por los presidentes Morales y Bachelet, acuerdo que Chile no terminó de honrar vulnerando la Convención de Ottawa.
