Jueves 05 de noviembre de 2015
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En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, se afirma, con razón, que debe ser ideal común de todos los pueblos promover el respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas, asegurando, con medidas progresivas, su reconocimiento y aplicación universal. En los 67 años que transcurrieron desde la aprobación de la Declaración, todavÃa hay un gran número de paÃses que no respetan esos derechos, sin que haya acción alguna de la comunidad de naciones.
En América hubo serias preocupaciones por la recurrencia de las violaciones de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática. Por ello, en los instrumentos internacionales se incluyeron cláusulas democráticas, con el propósito de los paÃses contribuyan a su vigencia. Asà es que se aprobó la Carta Democrática Interamericana, y las cláusulas democráticas en documentos fundacionales de la CAN, Mercosur, Unasur, Celac y Alianza del PacÃfico.
Pero "del dicho al hecho, hay mucho trecho". Esas cláusulas no fueron aplicadas imparcialmente o, simplemente, no se las aplicó. Se intentó hacerlo en el caso de Honduras, con el apoyo hipócrita de algunos impulsores que en sus paÃses violaban -aún lo hacen- los derechos humanos, como en Venezuela y sus aliados. Se ignoró el afán continuista del nicaragüense Daniel Ortega que hizo adoptar un régimen contrario a la alternancia. Se pasó por alto el afán del ecuatoriano Correa de eliminar los órganos de prensa independientes y de intentar, también, una reforma para su permanencia indefinida al mando de su paÃs y, por pasiva, se aceptó la curiosa interpretación de la Constitución en Bolivia para que el Presidente busque un tercer mandato -todavÃa en curso- y que ahora esté intentando una cuarta elección.