Promover la justicia ecológica significa el pago de deudas a países afectados

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Cochabamba será la sede de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre los Cambios Climáticos y los Derechos de la Madre Tierra a realizarse entre el 20 y 22 de abril próximo, basada en una serie de trabajos y consultas en todos los estratos que conforman una sociedad, propone el reconocimiento y la aplicación de un concepto que exprese la obligación moral de promover la justicia ecológica, mediante el pago de nuestras deudas con los pueblos más afectados por la destrucción ecológica y con la propia Madre Tierra.

Esos son los conceptos que se abordarán en la capital valluna, enmarcados en el grupo número ocho de los temas a ser tratados. Son varios los fundamentos de este análisis como la declaración sobre eco-justicia y deuda ecológica, publicada el año pasado por el Consejo Mundial de Iglesias.

Las filosofías humanistas, que valora al hombre por encima del resto de la creación han servido para justificar la explotación desmedida de los recursos naturales de la Madre Tierra. La existencia humana depende totalmente del buen funcionamiento del sistema de la Madre Tierra. La humanidad no controla la creación, sólo puede controlar su propia conducta humana para mantenerla dentro de los límites que permitan la sostenibilidad de la Madre Tierra. La población humana así como la economía globalizada no pueden continuar creciendo sin poner en peligro de forma irreversible la supervivencia de otras formas de vida. Esta visión radical exige una conducta y una justicia ecológica de aprender de la ética medioambientalista.

A partir de la sistematización de las ideas de “límites del crecimiento”, y de “sociedades sostenibles”, en la Asamblea de Nairobi, en 1975, el CMI ha examinado en profundidad el concepto de justicia ecológica durante más de tres décadas. En 1998, con ocasión de la Asamblea de Harare, se comenzaron a examinar los efectos perjudiciales de la globalización económica sobre los pueblos y el medio ambiente, gracias al proceso en favor de una Globalización Alternativa para los Pueblos y la Tierra (AGAPE) por sus siglas en ingles, que dio lugar al estudio en curso sobre Pobreza, Riqueza y Ecología.

La deuda climática se refiere a la responsabilidad por el daño causado a lo largo del tiempo a los ecosistemas, los lugares y los pueblos debido a las pautas de producción y de consumo, y a la explotación de los ecosistemas a expensas de los derechos equitativos de otros países, comunidades o personas. Se trata principalmente de la deuda que los países industrializados del Norte tienen con los países del Sur por razón de la expoliación histórica y actual de los recursos, la degradación del medio ambiente y la apropiación abusiva del espacio ambiental para descargar gases de efecto invernadero y residuos tóxicos. Se trata también de la deuda que tienen las élites económicamente y políticamente poderosas con los ciudadanos marginados; de la deuda que tienen las generaciones actuales con las futuras. Y, en una escala más cósmica, se trata de la deuda que tiene la humanidad con otras formas de vida y el planeta, incluidos los perjuicios sociales, como la desintegración de comunidades indígenas.

En la actual arquitectura financiera internacional, los países del Sur sufren presiones por medio de las estrictas condicionalidades de los créditos, así como en virtud de los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales y sobre inversiones, para aplicar estrategias de crecimiento orientadas a la exportación intensiva de recursos naturales. En definitiva, no se tienen en cuenta los costos de la erosión de los ecosistemas y de la creciente contaminación. Muchos proyectos de grandes infraestructuras de países del Sur se financian por medio de préstamos externos de las instituciones financieras internacionales en colaboración con dirigentes y élites locales corruptos y poco democráticos, sin el consentimiento fundamentado previo de las comunidades locales y teniendo muy poco en cuenta las consecuencias ecológicas y sociales de los proyectos. Además, los países industrializados del Norte utilizan en medida abusiva el espacio ecológico sin las debidas compensación, reparación o restitución. La huella ecológica (una medida aproximada de los efectos humanos sobre el medio ambiente) de los países del Norte se calcula actualmente en el promedio de 6,4 ha/persona, cifra que es más de seis veces superior a la de las huellas ecológicas de los países del Sur, donde el promedio es de 0.8 ha/persona.

El cambio climático inducido por los seres humanos hace aún mayor la relación de desigualdad entre el Norte y el Sur, los países industrializados son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que son la causa del cambio climático (aunque las economías emergentes del Sur han llegado a estar entre los mayores contribuyentes a las emisiones a nivel mundial de esos gases en términos absolutos). Sin embargo, las investigaciones indican que los países del Sur soportarán la carga mayor de los efectos ambientales adversos del cambio climático, como el desplazamiento de personas que viven en zonas costeras bajas y pequeños Estados isleños, la pérdida de fuentes de medios de subsistencia, la inseguridad alimentaria, la reducción del acceso al agua y las migraciones forzadas.

Se debe garantizar una reordenación de los paradigmas económicos pasando de de los modelos consumistas y explotadores a modelos respetuosos con las economías locales, las culturas y las espiritualidades indígenas, los límites reproductivos de la Madre Tierra, así como el derecho a existir de otras formas de vida. Y esto comienza con el reconocimiento de la deuda ecológica.

La transferencia de fondos financieros del mundo industrializado a los países del Sur para preservar los recursos de petróleo y otros recursos naturales así como para pagar los costos de la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, sobre la base de instrumentos como el marco de los derechos al desarrollo en época de crisis climática. Asimismo la cancelación de las ilegítimas deudas financieras de los países del Sur, con mayor urgencia las de los países más pobres, como parte de la compensación ecológica y social, y no como asistencia oficial para el desarrollo.

Fuente: LA PATRIA