Algo que debería ser indisoluble para beneficio de la colectividad es la calidad de los servicios públicos y el nivel tarifario de los mismos, de modo que su aplicación responda a expectativas de la población, sin dañar su economía en un marco de correcta aplicación e idónea administración.
Las tarifas de algunos servicios de orden público están normadas por resoluciones específicas y se aplican de manera "automática", aunque los servicio no siempre se cumplen de igual modo. Luz, agua, alcantarillado, alumbrado público, recojo de basura y algún otro que tiene que ver con mantenimiento de calles en ciertos sectores, están incluidos en facturas institucionales que deben cancelarse oportunamente o someterse al corte de esos servicios.
Otros servicios que tienen que ver con comunicación interpersonal, corresponden a telefonía fija que hace mucho tiempo no ha mejorado sus servicios y que soporta una fuerte competencia de la telefonía móvil, que sin ser ésta última el mejor sustituto de comunicación, ofrece más ventajas, pero también más situaciones de interrupción cuando "cae" el sistema. La TV por cable, en el caso de la telefónica local, tiene muchas limitaciones y no cumple su oferta por la que cobra mensualmente; otro tanto sucede con las empresas de telefonía móvil, que compiten en oferta de servicios, pero no siempre con la calidad que se espera.
Otro servicio con notorias irregularidades es el que corresponde al alumbrado público, deficiente en largas avenidas como la doble vía a Vinto y gran parte de la circunvalación. La falta de luminarias, constituye un latente peligro para los vecinos que deben cruzar obligadamente las dos franjas de intenso flujo vehicular, propiamente en tinieblas, porque hace muchos meses que las oscuras luminarias no han sido reemplazadas. Otro tanto ocurre en barrios periurbanos donde el alumbrado público es prácticamente nulo, pero la amenaza contra la integridad de las personas es un hecho cotidiano, porque además se carece de los elementales servicios policiales.
No se puede evitar la mención de otro servicio de uso y masivo sacrificio, el transporte público que desmejora cotidianamente en perjuicio de la población que utiliza los estrechos minibuses o los destartalados micros para llegar a diferentes destinos, oficinas, centros educativos, mercados u otros sitios y por supuesto el retorno al hogar, bajo penosas condiciones de incomodidad e inseguridad.
En los últimos días se han planteado en algunas ciudades reajustes tarifarios, aunque sin justificativos reales dadas las condiciones de algunos beneficios como el precio subvencionado de combustible, facilidades para importación de ciertos repuestos, y a cambio ninguna propuesta para mejorar los servicios, empezando por la sustitución de los incómodos minibuses por otros de mayor amplitud, comodidad y seguridad.
La ciudadanía utiliza los minibuses, de manera obligada ante la falta de otros vehículos que pudieran reemplazarlos con mayores ventajas para los pasajeros, comodidad y seguridad, lamentablemente esa sustitución se hace difícil si en instancias comunales, no se avanza en la municipalización de esos servicios partiendo de la aprobación de una ley de transporte municipal.
Como observamos, servicios hay muchos, tarifas de todo monto, pero lo que predomina es la expectativa ciudadana por recibir buenos servicios, enmarcados en las obligaciones de autoridades, ejecutivos y de transportistas que a su turno y bajo sus específicas responsabilidades deben garantizar bienestar colectivo y seguridad ciudadana, como elementos imprescindibles en la proyección de "vivir mejor".
Fuente: La Patria
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