Viernes 23 de octubre de 2015
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El conflicto entre la empresa chilena Quiborax y el gobierno de Bolivia podría extenderse hasta el año 2017, luego que la administración del Presidente Evo Morales decidiera impugnar el fallo que en septiembre emitió el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La sentencia culpó a Bolivia de llevar a cabo prácticas ilegales y discriminatorias contra la firma chilena, estableciendo el pago de $us 48,6 millones, más costas, consigna el Diario La Tercera.
A mediados de septiembre, el procurador general de Bolivia, Héctor Arce, informó que su país había pedido al tribunal arbitral del Banco Mundial, la anulación del fallo a favor de la empresa chilena Quiborax, que reclamó por la reversión de sus concesiones mineras en el país. "La determinación se asume tras evidenciarse que el laudo contiene gravísimas violaciones a las normas de procedimiento y que además fue dictado con exceso y extralimitación de facultades, en perjuicio de Bolivia", dijo en esa oportunidad.
Pocos días después, el CIADI informó que había aceptado la solicitud presentada por la Procuraduría General del Estado de Bolivia.