Resaltamos el hecho porque una cosa es hablar de planes de austeridad que son parte de un discurso teóricamente expresado y por lo mismo, incumplido en la parte de su aplicación práctica, precisamente en los niveles superiores en los que se habla de la situación económica, de las restricciones elementales que se presentarán por efecto de la caída de precios de nuestras materias primas en los mercados externos, pero con cierta permisibilidad para efectuar gastos suntuarios que no tienen nada de austeridad.
En la práctica y en la realidad de los hechos, esa situación restrictiva de gastos se produce automáticamente en los presupuestos familiares, donde las condiciones del diario vivir no dan margen a gastos extraordinarios, sabiendo que las prioridades del hogar son de cumplimiento perentorio y sin opciones para dejar las obligaciones de alimentación, transporte, salud y educación, para otro día.
Mientras que, en la administración pública siempre es posible alterar los presupuestos, corregirlos, incrementarlos en función al interés de funcionarios que cumplen disposiciones superiores y autorizan los gastos necesarios para cumplir una variedad de objetivos que en la mayoría de los casos no son precisamente los que deberían llegar a sectores más necesitados y restringidos económicamente.
Algo que ya es irreversible y ha sido admitido en la jerarquía que maneja las finanzas del país, tiene que ver con la reducción de cerca a tres mil millones de dólares en la exportación de gas y minerales a los mercados externos, hecho que significa el corte proporcional en las asignaciones que hace el Estado a las gobernaciones, los municipios y las universidades públicas, a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías definidas a departamentos y municipios. El proceso es claramente es una resta irremediable de presupuestos.
De momento no se vislumbran condiciones favorables para cambiar el esquema de las finanzas internacionales, las que seguirán al mismo ritmo, en tanto las grandes potencias persistan en su pugna competitiva y en manejar de manera estrictamente sectorial la volatilidad paralela a la cotización de sus divisas.
Concretamente el proceso no tiene visos de un arreglo ni siquiera a mediano plazo por lo mismo, en la realidad que nos toca desempeñarnos, hablando de la gran responsabilidad del Estado debe imponerse un proceso real de austeridad en el gasto público para contrarrestar los efectos del fuerte recorte de ingresos que por lo visto persistirá en buen tiempo y espacio.
Los jerarcas que manejan nuestra administración financiera, tienen que ser lo suficientemente claros y contundentes para limitar los gastos innecesarios, evitar el endeudamiento externo e interno porque el déficit fiscal crecería y eso significa dar paso a una peligrosa inflación. Lo elemental es que no pueden admitirse gastos superfluos, los proyectos "decorativos" deben ser momentáneamente suspendidos, tanto en el nivel central cuanto en gobernaciones y municipios.
La situación es sumamente delicada, aunque se la quiera minimizar, lo real y evidente es que tendremos menos ingresos y conocedores de tal situación, no es admisible gastar inopinadamente. El ejemplo debe partir de nuestras autoridades ya que la austeridad en el nivel familiar se da "automáticamente", por efecto de la ineludible crisis financiera, alteración de proyectos de desarrollo, por una natural disminución de circulante y una autodefensa familiar para salvar los gastos de la inflacionaria canasta alimenticia y las obligaciones por servicios públicos, agua, luz, transporte y otros que nunca disminuyen.
La austeridad debe ser generalizada, de arriba hacia abajo.
Fuente: LA PATRIA
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